UPCM presentó ayer a través de sus representantes legales una querella criminal en los juzgados de primera instancia de Ciutadella para que se estudien los supuestos delitos que se airearon a través de la comisión de investigación de CITUR. Según explicó ayer el presidente de la formación política, Joan Triay, los querellados son tres políticos: el ex alcalde Llorenç Brondo; Gabriel Cardona como concejal de Turismo y Avel·lí Casasnovas en calidad de presidente del consorcio Pla Mirall. Además, la querella ha sido interpuesta contra otros dos particulares, cuyos nombres no fueron desvelados (un profesional liberal y el director de una empresa).
Todos los hechos presentados en la querella están desde febrero de este año en manos de la Fiscalía de Anticorrupción, pero por la experiencia vivida con el caso Nerer, que según explicó ayer Triay después de dos años "no está ni archivado ni iniciado... se lo están mirando", desde UPCM han optado por abrir su propia vía para "controlar un poco los pasos y los plazos judiciales a través de un abogado y un procurador".
En el texto de la querella se habla de presuntos delitos de prevaricación, concertación para el fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad de documentos públicos y maquinaciones para alterar el precio de las cosas, entre otros. Según explicaron ayer, todo ello se habría traducido en irregularidades como la adjudicación directa de proyectos, la simulación de concursos, pagos por trabajos nunca hechos o duplicidad de pagos por tareas realizadas en una sola ocasión, como el caso de la página web municipal, explicó Triay.
Según se recoge en la calificación jurídica de los hechos, se pide para los presuntos infractores penas de hasta seis años de cárcel y diez años de inhabilitación de empleo y cargo público. Por otra parte, también se solicita la responsabilidad civil, por lo que de probarse lo denunciado los responsables de cada uno de los delitos citados quedará obligado a reparar los daños y perjuicios causados.
Durante la rueda de prensa ofrecida por UPCM, Joan Triay demostró su convencimiento de que la querella, que cuenta con cerca de 80 folios, será admitida a trámite por el juez, dado que en buena parte se basa en informes municipales. "Hay hechos muy claros, digan lo que digan y nos cuente los cuentos que nos cuenten", asevera Triay.
Caso probado
Entre los muchos supuestos delitos que ya en su día se destaparon a través de la comisión de investigación de CITUR, que presidió el propio Triay, desde UPCM sostienen que hay uno que es un "caso probado". Se refieren a la doble adjudicación de la tercera fase del Palmeral de Cala en Blanes. Según explicó Triay, fue adjudicada por primera vez en 2006 a través del Plan Mirall y posteriormente en 2008 por el área de Turismo, una vez acabadas las obras, a la misma empresa y triplicando casi el importe. En la querella se habla de "adjudicaciones amañadas" en las que también participaron "cooperadores necesarios", es decir empresas que concurrían a los concursos pero a las que nunca se les adjudicaba ningún proyecto.
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