El GOB entiende como "un triunfo de las presiones políticas frente a los criterios técnicos y ambientales" la votación de la pasada semana en la comisión balear de Medio Ambiente mediante la cual la ampliación del dique de Ciutadella no deberá ser sometida a evaluación de impacto ambiental. La decisión, tal como avanzó este periódico el pasado viernes, concluye que la prolongación del dique en 80 metros no es una modificación sustancial del proyecto original del dique, y lo exime de someterse a un análisis más profundo de sus efectos sobre el entorno natural.
Para el GOB, que votó en contra de esta decisión, "el informe técnico que recomendaba la realización de esta evaluación de impacto ambiental era demoledor recomendando la realización del estudio". Sin embargo, pesó más un informe jurídico y, según el coordinador de ordenación territorial del GOB de Menorca, Miquel Camps, "los argumentos económicos que esgrimió Ports de les Illes Balears, cuando la legislación asegura que no pueden utilizarse explicaciones únicamente económicas para evitar una evaluación de impacto ambiental".
Camps recuerda que la prolongación del dique "afecta directamente a 4.000 metros cuadrados de posidonia, una planta declarada hábitat prioritario a nivel europeo, hecho que por sí solo ya suponía un argumento indiscutible para la realización de la evaluación de impacto ambiental. Pero es que además ya hay análisis que indican que toda la población de posidonia de la lámina de agua abrigada por el dique se está viendo afectada por la obra". El ecologista defiende también que el informe técnico era muy revelador al advertir que "no se ha cumplido ninguna de las condiciones ambientales que se aprobaron al iniciarse las obras del dique".
Para Camps, el hecho de que a pesar de estos argumentos, nueve de los trece presentes (entre ellos la alcaldesa de Ciutadella y el conseller de Ordenación del Territorio de Menorca) votaran para que no se realizara el estudio de impacto ambiental "deslegitima ante la sociedad la comisión balear de Medio Ambiente, puesto que para un proyecto mínimo sí se necesita un informe ambiental, pero en cambio para una obra faraónica como el dique no hace falta.
Para el GOB, la decisión del pasado jueves en la comisión balear de Medio Ambiente es un capítulo más en la historia del proyecto del dique de Ciutadella, "una muestra del trato que se está dando a esta obra en frente de cualquier otra". Recuerdan los ecologistas, tal como ha ido informando este periódico, el sobrecoste millonario que está acumulando este proyecto, y los cambios que ha sufrido una infraestructura que nació con el anterior Ejecutivo autonómico tras un consenso político con Consell de Menorca y Ayuntamiento de Ciutadella. Los ecologistas aseguran que "ha llegado la hora de que la sociedad despierte, y conozca lo que está pasando con esta gran obra", por lo que pondrán en marcha una campaña divulgativa para explicar las dudas que les despierta no ya la infraestructura, sino el modo con el que se está llevando a cabo y el coste que supone para las arcas públicas.
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