En julio de 2008, una sentencia judicial dejaba en jaque al Consell de Menorca. El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Palma aseguraba que la institución insular no había cumplido una sentencia judicial que le instaba a indemnizar a la promotora Princesa Son Bou por impedirle construir un centro turístico en la urbanización tras desclasificar los terrenos en que debía levantarse. El Consell propuso a la promotora evitar la indemnización económica, proponiendo el traslado de los derechos edificatorios a otra zona de la urbanización, menos impactante. Para que esto fuera posible, debía aprobarse el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alaior, que convertía los terrenos propuestos por el Consell en zona urbanizable. La fecha límite para hacerlo era el 31 de diciembre de 2009, y hasta entonces, se congelaba el pago de los 3,3 millones de euros (más intereses) que pedía la promotora.
El Consell aprobó en plazo el Plan General, y con eso dio por ejecutada la sentencia. No obstante, el pasado mes de abril un auto judicial determinó que la sentencia "no se había ejecutado bien", e instaba a la institución insular a explicar cómo creía ella que había dado cumplimiento al mandato judicial. Dos semanas atrás, el Consell envió un informe a los tribunales manteniendo la tesis de que sí se había dado cumplimiento a la sentencia. El conseller de Ordenación del Territorio, Joan Marquès, explica -tal como ya sostuvo el alcalde de Alaior el pasado mes de abril- que la pelota ahora está en el tejado de la promotora. "Nosotros aprobamos en la fecha marcada el instrumento que permite el cálculo de una hipotética indemnización, pero hasta que no se elabore el Plan Parcial de la zona no se podrá determinar con exactitud si la promotora ha perdido o no aprovechamiento urbanístico", asegura el conseller. La redacción del Plan Parcial es una tarea que deben ejecutar los propietarios de la zona afectada, en este caso Princesa Son Bou SL, la cadena hotelera Sol Melià y un particular.
El Consell recuerda que, en su día, los tribunales especificaron que la posible indemnización a la promotora se dividía en dos partes: la edificación no efectuada, y el lucro cesante. La institución insular solicita ahora que, en el caso de tener que abonar una indemnización, ésta también se divida en estos dos capítulos "para que la empresa no cobre dos veces por el mismo concepto", defiende el conseller.
Marquès defiende la actuación en su día del Consell de Menorca. "Es indiscutible el beneficio de la decisión, puesto que se actuó en defensa del interés general preservando una zona de elevado interés natural y paisajístico", sostiene. Respecto a si cree que finalmente la institución insular tendrá que hacer frente a una indemnización económica, Marquès se muestra cauto y se remite al futuro Plan Parcial. Será entonces cuando se podrá saber si la prohibición de construir 106 viviendas, equipamientos y locales comerciales está suficientemente compensada con la posibilidad de edificar 900 plazas hoteleras compartidas con otros promotores en otra zona de Son Bou. Eso sí, la espera puede ser larga, puesto que la confección de un Plan Parcial se puede demorar muchos meses, incluso años.
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