"Sabíamos que era una concesión y que la tendríamos que revertir, lo triste sería que esto después quedara abandonado, porque son casetas viejas, que las hemos ido manteniendo y que si no se cuidan en poco tiempo se caerán". Santiago Pons-Quintana, uno de los afectados por la reversión de las concesiones de la ribera norte del puerto de Maó, expresaba así ayer su temor a que la devolución de los terrenos y edificaciones, que pasan de nuevo a ser de dominio público, puedan entrar en un proceso de deterioro, aunque su familia en particular es una de las que ya ha renovado su solicitud de uso ante Autoridad Portuaria.
El responsable del organismo en Menorca, Jesús Fernández-Reyes, y técnicos de Palma visitaron la zona conocida como La Solana, para comprobar el estado de las instalaciones, y se reunieron con algunos de los afectados. En concreto, según informó Autoridad Portuaria, ayer se firmaron las actas de extinción de siete de las diez concesiones existentes en total, ya que la undécima no era una concesión sino una autorización, cuya reversión no fue necesario formalizar.
Según Pons-Quintana, quien era titular de una de las concesiones, utilizada "a medias con un vecino que era pescador" como almacén de enseres, anclas, motores y otros objetos de náutica, desde Autoridad Portuaria les comunicaron que, a priori, no debería haber ningún problema para renovar la concesión con este tipo de uso, aunque también les informaron de que la normativa vigente deja claro que no se podrán destinar las edificaciones al uso residencial vacacional, como sucedía con muchas de ellas.
El caso de la familia Pons-Quintana es similar al de otros de los veraneantes de la zona, que mantienen locales como almacenes secundarios y cuyas viviendas no se ven afectadas por la reversión iniciada por Autoridad Portuaria. En otros casos el uso se remonta a muchos años más atrás de los 90, ya que las concesiones proceden de familias de antiguos mariscadores. "Mi marido heredó la concesión en 1991 de un tío suyo y después la renovamos, durante los ocho primeros años que viví en Menorca aquello fue mi residencia", relató una de las ya ex concesionarias. "Sabíamos que tenía que llegar este momento, lo esperábamos, pero no que tuviéramos que entregar la llave ya, aún estamos sorprendidos", afirmó.
Otro de los titulares, ya de edad avanzada, declaró que durante más de 25 años disfrutó de la concesión para tener la barca e ir a pescar. "Ahora ya estaba en manos de mis hijos, yo ya no puedo ir, ellos se ocuparán de solicitarlo otra vez si quieren", manifestó.
Autoridad Portuaria formalizó la extinción de las concesiones con los titulares Santiago Pons-Quintana, Jaime Barceló Fiol, Miguel Pol Barceló, José Pons Goñalons, Antonia Mus Torres, Francisco Javier González Sirilo, y el cantante Víctor Manuel San José Sánchez, este último uno de los usuarios famosos de la zona; no compareció sin embargo ningún representante legal de Alfonso Milà Sagnier -tío de los periodistas Mercedes y Lorenzo Milà-, y de la sociedad Taramparo. Las citaciones con los usuarios tuvieron lugar ayer entre las 10 y las 14 horas y a los titulares que aún no han firmado el acta se les hará llegar una nueva comunicación.
profesionales
De las diez concesiones existentes sólo una estaba destinada al uso profesional de tres mariscadores que trabajan en la zona y que explotan siete plataformas de cultivo del mejillón. El titular es Francisco Javier González Sirilo, que trabaja junto a su hermanastro, José Manuel Jordán Sirilo y un tercer mariscador, José Luis de Félix. Son tres trabajadores autónomos que ayer, antes de la firma del acta de recesión, temían por su empleo aunque, horas después, tras la entrevista con los responsables de Autoridad Portuaria, se encontraban más tranquilos respecto a su futuro profesional.
Así lo declaró José Manuel Jordán Sirilo, quien aseguró que seguirán trabajando en la zona y que han hallado una "buena disposición" de los representantes del ente público para poder continuar con el uso del almacén para sus materiales de pesca, una edificación que, de hecho, tal y como señaló, se queda pequeña para guardar los enseres de los tres mariscadores. "No ha habido ninguna modificación, es un almacén para trabajar", aseguró Jordán Sirilo, quien confirmó que ya han presentado una solicitud para renovar la concesión y un proyecto para seguir con su actividad "aunque aún nos queda otro trámite por hacer". Por otro lado, las bateas mejilloneras no se ven afectadas por el proceso de reversión iniciado por Autoridad Portuaria.
Según la relación facilitada por la entidad de gestión, la mayoría de las concesiones se extinguieron el pasado 22 de febrero y la última caducaba el próximo día 18. En todos los casos se trata de edificaciones y explanadas cuyas superficies oscilan entre los 69,62 metros cuadrados -precisamente la que corresponde a Víctor Manuel-, y otras pasan de los cien metros cuadrados, en concreto la más grande, de 191,79 metros cuadrados, era de titularidad de Pons-Quintana.
Los mariscadores en la zona disponen de una caseta de 77,70 metros cuadrados, mientras que la segunda en tamaño, de 173,80 metros cuadrados, es la correspondiente a la sociedad Taramparo, cuyos representantes no acudieron a la citación al acto de reversión convocado ayer por Autoridad Portuaria.
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