Valeriano Allés había permanecido varios meses en silencio. Después de que los juzgados le obligaran a abandonar la cantera de Son Sintes, el empresario de Ciutadella se había apartado a un segundo plano de la actualidad, mientras proseguían los múltiples procesos judiciales que mantiene abiertos. Ahora ha vuelto a la carga. La pasada semana lo hizo con una entrevista a este periódico y con una manifestación en Palma, y ayer compareció ante los medios de comunicación junto con su abogado, José Luís Martín Miñana, para insistir de nuevo en la legalidad de la cantera de Son Sintes y para reiterar la petición al Govern balear para que permita la ocupación de la misma mientras duren las obras del dique de Ciutadella.
Mediante la lectura de un comunicado, el empresario quiso desmentir las declaraciones realizadas la pasada semana por el vicepresidente de Ports de les Illes Balears, Manuel Patiño. Primero, Allés defiende que la cantera de Son Sintes "jurídicamente sigue abierta y operativa". Lo dice así porque entiende que ha tenido que salir de la cantera por un proceso civil, de resolución de un contrato de alquiler de la instalación porque la propietaria entiende que en la cantera se realizan actividades que no son mineras. Algo que Allés niega, y aquí radica en buena parte el meollo de la cuestión.
La planta de fabricación de bloques instalada por Valeriano Allés en la cantera ha sido denunciada y sancionada por el Consell y también por la propietaria de la cantera, María Ángeles Mercadal, al entender que era ilegal. Pues bien, el empresario defiende que esta instalación se circunscribe dentro de la llamada "instalación de beneficio". Este término describe las actividades que se realizan dentro de una cantera para aprovechar los materiales extraídos de ella. Allés defiende que la fábrica de prefabricados se incluye dentro de esta catalogación, y como prueba asegura que hay más de 600 plantas similares ubicadas en otras canteras de España y autorizadas, la última no hace demasiadas semanas en Canarias. Además, asegura que disponía de esta declaración, que se le revocó después de que la propietaria de la cantera iniciara un proceso judicial y, asegura Allés, mediante un recurso presentado fuera de tiempo, consiguió que se le anulara. Como prueba de que el recurso fue presentado fuera de término, el empresario esgrime un escrito de la abogacía del Govern balear en la que admite este extremo, si bien la Justicia aún debe pronunciarse (seguramente durante las próximas semanas) sobre este extremo.
En su comunicado, Valeriano Allés prosigue asegurando que la petición de ocupación temporal de Son Sintes "no va en contra de ninguna decisión judicial. Lo solicitado es una decisión técnica efectuada por la empresa concesionaria que, en aras a la protección del interés general y a la mejor realización de la obra del dique de Ciutadella, debería haberse otorgado". Allés asegura que la petición en principio había sido atendida favorablemente por la Conselleria de Medio Ambiente, pero después, al ver esta resolución, dice Allés, Ports pidió un informe a Industria. La denegación de esta ocupación temporal, calificada por Allés como "una cabezonería", "podría haber mantenido en lo fundamental los precios de la obra del dique", prosigue.
La denegación de la ocupación temporal provoca que, siempre según Allés, el material para el dique se compre en otra cantera, Loreto, y que el coste se dispare hasta siete veces más del inicial, cuando era Allés, mediante Pedres Ciutadella, quien suministraba los áridos para la construcción del dique. "Algo tiene que haber por debajo para que una institución pública permita algo así, y cuando yo además tenía la cantera repleta de material perfecto para el dique y a un coste mucho menor", aseguró ayer el empresario ante los medios.
El empresario de Ciutadella espera ahora la resolución del recurso interpuesto contra la decisión de denegar la instalación de beneficio para la planta de prefabricados. Si el recurso le es favorable, se dirigirán al Tribunal Supremo para que anule la ejecución de la sentencia que le obliga a abandonar Son Sintes, y reanudará la actividad en esa cantera. Si no se les da la razón con este recurso, el empresario y su abogado aseguran que "hay otras vías por explorar".
Denuncia la caducidad de la licencia de extracción de Ets Aljubs
Valeriano Allés ha interpuesto una denuncia contra otra cantera de Ciutadella, Ets Aljubs, por entender que la licencia otorgada para la actividad minera de esta instalación está caducada. En este sentido, el empresario asegura que el permiso para esta cantera fue concedido en 2005, pero la actividad extractiva no se inició hasta 2008. Esto contraviene la legislación, según asegura, puesto que entre que se otorga una licencia y que comienza la actividad autorizada debe transcurrir un máximo de seis meses. En el caso de Ets Aljubs, entiende, pasaron tres años.
El abogado del empresario asegura que "la denuncia fue presentada ante la conselleria de Industria del Govern balear en diciembre de 2008, pero no se está tramitando". De hecho, no es la primera vez que Valeriano Allés fija su mirada en Ets Aljubs, cantera que también ha suministrado material para las obras del dique. El propio empresario aseguró ayer que "Mónica Pozuelo y Manuel Patiño (responsables de Ports anterior y actual) fueron a la cantera de Ets Aljubs y ayudaron a su apertura. Como mínimo, quiero pensar que la conselleria de Medi Ambient no trata a todos por igual. Veo cosas muy raras".
Allés asegura que la cantera de Ets Aljubs "tenía un expediente de disciplina urbanística en marcha, pero aun así se le concedió la licencia de apertura, lo que me hace pensar que debe haber un trato de favor hacia esta instalación".
Proyecta la ampliación de la cantera de su propiedad en Ses Arenetes
Paralelamente al proceso judicial que pesa sobre Son Sintes, Valeriano Allés está tramitando un proyecto para ampliar la actividad extractiva en otra cantera de su propiedad, Ses Arenetes. El empresario asegura que bajo la arena que ahora mismo se está extrayendo se acumulan áridos, lo que ofrece la posibilidad de aumentar la extracción de material y de esta manera garantizar trabajo para más personas y más tiempo.
Valeriano Allés asegura que desde hace nueve meses tiene en marcha el proceso para la ampliación-reforma de esta cantera "para intentar recolocar al máximo número de personas".
De momento, los trámites se han iniciado, entre otros, ante la Dirección General de Industria, una institución que, según el abogado de Allés, "nos exige mucha documentación, cuando en otros procedimientos similares no había sido tan extremadamente puntillosa. Solicitamos la máxima diligencia en la tramitación, y que no se complique con burocracias, algo a lo que tenemos derecho, puesto que no interesa ante la situación laboral actual".
Interpelado sobre si los procesos judiciales y administrativos abiertos pueden interferir en este nuevo proyecto de Valeriano Allés, el empresario cantero asegura que "pienso que no deberían tener ninguna relación los juicios y los procesos en marcha con la autorización de nuevas canteras".
Pide el embargo de los bienes de la propietaria mientras espera a los juzgados
Cuando Valeriano Allés dejó la cantera de Son Sintes quedó en su interior material y maquinaria cuyo valor reclama a la propietaria de la cantera, petición que ha sido avalada por la justicia. En concreto, solicita 6.128.000 euros a la propietaria Maria Ángeles Mercadal, una petición que esta ha recurrido. Mientras, y visto que no se realiza el pago, Valeriano Allés ha solicitado al juzgado el embargo de los bienes de la señora Mercadal para afrontar el pago pendiente.
"La propietaria debía haber pagado a mediados de octubre y no lo ha hecho, y por eso hemos pedido el embargo. El juzgado no ha tenido a bien concedernos aún las órdenes de embargo, aunque es lo que marca la Ley", explica el abogado José Luís Martín Miñana.
Paralelamente a este proceso, el empresario espera que el juez resuelva el recurso interpuesto contra la sentencia que deniega la declaración de instalación de beneficio para la fábrica de prefabricados ubicada dentro de la cantera de Son Sintes. Algo que Allés confía caerá a su favor, puesto que la propiedad presentó un recurso fuera de plazo (extemporáneo) para conseguir esta denegación, algo que, prosigue el cantero, está avalado por un informe de la abogacía del Govern balear que reconoce la extemporaniedad del recurso. La justicia aún debe pronunciarse sobre este extremo, y el empresario confía que lo haga como máximo durante en el próximo mes.
Cuenta con una decena de procesos abiertos y recurridos
La historia de Valeriano Allés en estos últimos años es la de constantes resoluciones judiciales y administrativas, y sus posteriores recursos. El abogado del empresario reconoce que existen entre diez y quince procesos abiertos, con importantes sanciones sobre la mesa.
Actualmente Valeriano Allés tiene recurrida la sanción administrativa interpuesta por el Consell contra la planta de prefabricados instalada en Son Sintes. Pesa sobre instalación una sanción de 390.000 euros, que el abogado del empresario califica como "actuaciones administrativas y judiciales para intentar impedir la fabricación de bloques en Son Sintes". El empresario ciutadellenc también quiere parar la orden de demolición de parte de las instalaciones de Son Sintes, sobre las que pesa también una sanción administrativa. El abogado entiende que las obras ejecutadas "tienen licencia o son legalizables, como se han legalizado la resta de edificaciones". En este sentido, Allés también ha recurrido la decisión del Consell de no autorizar la legalización, después de no haber contestado esta petición durante un largo tiempo, algo que el empresario acogió como silencio administrativo positivo, es decir, un asentimiento.
Valeriano Allés también tiene recurrida la denegación de la instalación de beneficio antes comentada para Son Sintes, proceso que fue la base para el desalojo del empresario de esta cantera.
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