El verano de 2017 varias federaciones, entre ellas la Balear, fueron motivo de registro por parte de los agentes de la UCO. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, llegados de Madrid, se personaron en la mañana del 18 de julio de 2017 en la delegación balear de la Mutualidad de Futbolistas, en Palma, y en la sede de la Federación Balear de Fútbol (FFIB), en Son Malferit, para requisar documentación en relación con la investigación de la operación Soule. Los agentes recabaron datos en el interior de ambas sedes recopilando información para este caso, que saltaba a la luz a primera hora de ese martes con la detención de Ángel María Villar y su hijo.
Ese día concreto los registros en la Mutualidad, donde se encoentraban su interventor -Manuel López Lacal- y el asesor jurídico de la FFIB -Germán Rodríguez-, comenzaron alrededor de las 09.30 horas. Los agentes solicitaron información muy concreta y, de ahí, que el registro se alargara durante varias horas. Concretamente, solicitaron diferentes facturas y recababan información de contratos con determinadas empresas.
Ese año el juez identifica varias federaciones territoriales que podrían estar implicada en graves irregularidades. En total seis: La federación interinsular de Las Palmas, la de la Comunidad Valenciana, la de Ceuta, la de Melilla, la de Madrid y la de La Rioja. Por lo tanto, descartó que la Federación de Fútbol de les Illes Balears (FFIB) estuviera, a priori, implicada en la 'operación Soule', pese a ser una de las siete federaciones territoriales que la UCO registró en su momento.
No obstante, en el auto no se descartaba la mutualidad de futbolistas de la federación balear, que fue el otro punto de investigación. Así, el juez Pedraz se refería a ello en los siguientes términos: Existen otros hechos delictivos en los cuales los detenidos […] podrían estar vinculados. En ellos aparecen como investigados otras personas físicas y jurídicas, a los cuales en su momento oportuno se les informará; mas dado el secreto de las actuaciones y en la medida que el presente auto, en aras al derecho de defensa, va a ser notificado íntegramente a los detenidos, no conviene a la instrucción de la causa relatarlos. Los mismos, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción y aparezcan nuevos hechos, tendrían relación con diversas Federaciones de Fútbol y Mupresfe (en diversas delegaciones). Llegados a este punto, cabe recordar que Mupresfe responde al acrónico de Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija.
El 1 de agosto de 2017 el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz elevó a 23 las personas investigadas en la ‘operación Soule' de corrupción en torno al expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), y por primera vez salieron a la luz conexiones con la delegación en Baleares de la Mutualidad de Futbolistas. Entre las personas investigadas se encontraban el jefe de los servicios médicos de la Mutualidad de Futbolistas en Balears, Onofre Alba Vidal, y su hijo, Onofre Alba Gimeno, administrador de Gestión Médico Deportiva de Balars SL.
En ese momento Onofre Alba, según la conversación mantenida con Ultima Hora, no tenía constancia de esta situación y no había recibido ningún tipo de citación. El jefe de los servicios médicos apuntó que no tenía mayor conocimiento de la ‘operación Soule' desde que se produjeron los registros en la sede de la Mutualidad de Futbolistas en Palma y que en aquella jornada se puso a disposición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil toda la información que fue requerida.
El diario ABC publicó los motivos por los cuales la Mutua balear estaba siendo investigada. Onofre Alba Vidal , jefe de los Servicios Médicos de la Mupresfe en Baleares, habría favorecido la contratación de Gemedeba, la empresa que es 100% propiedad de uno de sus hijos y en la que también ha estado contratada su hija. Gemedeba ha recibido pagos de la Mupresfe por valor de casi cinco millones de euros en los últimos años. Además, también se han detectado pagos a una agencia de viajes del cuñado de Onofre Alba, Viajes Almudaina, y a otras empresas que contratan con el jefe de los Servicios Médicos.
En el año 2024 Francisco De Jorge, juez de la Audiencia Nacional y encargado de investigar el caso Soule acordó el sobreseimiento del proceso para 22 personas, cuatro de ellas jurídicas. Entre esas personas estaba Onofre Alba Gimeno, hijo de Onofre Alba.
Según la documentación de la UCO el saqueo a Mupresfe (la Mutua) se remontaría al menos hasta el año 2002 en diferentes puntos de España, cuando el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sancionó a a la empresa Gescontrol que auditaba a la Mutualidad por la comisión de una infracción muy grave. Los investigadores tuvieron conocimiento de que se podía estar incurriendo en desvíos de fondos de Mupresfe para actividades que iban más a allá de una aseguradora sin ánimo de lucro y que estaba destinada a cubrir sanitariamente a los futbolistas federados.
Cada temporada los futbolistas en España pagaban una cantidad a su federación que iba variando en función del precio fijado por cada territorial, una cantidad que en global se aproximaba a los cincuenta millones de euros.
Un dinero que no era auditado por el CSD porque sencillamente no tenía acceso a las cuentas y a los movimientos. Al no existir este control, la investigación indicaba que algunas de las cuotas se ingresaban directamente en las arcas de la Federación por lo que se sospechaba que se daba un uso diferente al que debía darse en su día. De esta forma, las pesquisas en las mutualidades de diferentes federaciones iban destinadas a tratar de confirmar que el desvío de fondos no fue puntual y que se trataba de una organización bien estructurada y que a su vez generaba un agujero económico en Mupresfe.
Esta investigación no se cerró y de ahí que ahora los presidentes de las Federaciones, que finalmente eran también los responsables de sus mutuas sean llamados como investigados para definir qué sucedió. En su día el juez Santiago Pedraz se ha limitado a reproducir en el auto una conversación entre el ex administrador general de la Federación, José María Castillón, y el vicepresidente, Juan Padrón, que probaría que hubo una salida de fondos de 500.000 euros para beneficiar directamente al presidente, Ángel María Villar
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