POLÍTICA

Prohens: «El PSIB ha dado todo el poder a lo que llama extrema derecha»

La presidenta lamenta el «pacto» entre los dos partidos, pero confía en reconducir la situación

Marga Prohens, presidenta del Govern.

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La presidenta del Govern, Marga Prohens, confía en negociar cambios en la norma que le acaba de dejar con 400 millones menos de presupuesto para este año después de que Vox votara a favor de unas enmiendas del PSIB. Prohens ha señalado que queda tiempo para negociar hasta que la ley llegue a pleno, pero ha lamentado el pacto entre PSIB y Vox «para hacer daño a la presidenta del Govern», que supondrá un recorte de 400 millones «que perjudica a los ciudadanos de Baleares». «El PSIB ha dado todo el poder a lo que llama la extrema derecha», ha opinado.

«Quien debe dar explicaciones son los grupos que llevan semanas cerrando este pacto y que estaban negociando. En política es muy importante tener palabra y ser coherentes», ha añadido en referencia a los dos partidos. Prohens ha dicho que Vox y PSIB llevaban semanas negociando mientras, al mismo tiempo, «tenemos un PSOE que no para de hablar de cordones sanitarios« y de la necesidad de volver a los instituciones «para luchar contra lo que ellos llaman la extrema derecha».

La presidenta cree que también Vox «debe dar explicaciones a sus 62.000 votantes» que apoyaron el cambio en las pasadas elecciones. «El mismo día que critican que Pedro Sánchez no les reciba en La Moncloa, en Baleares Vox pacta con el partido de Pedro Sánchez», ha dicho. La presidenta ha denunciado que este «pacto» no responde a cuestiones ideológicas, «sino que va en contra del Govern y en contra de los ciudadanos de Baleares», que tendrán 400 millones menos de Presupuestos. «Se han quitado las caretas», ha señalado.

Prohens ha añadido que su equipo está negociando iniciativa por iniciativa porque es «consciente» de que tiene un Govern en minoría y de que hay diferencias importantes entre los dos partidos«. Ha añadido que respeta «muchísimo» a los 62.000 votantes de Vox, «que hoy no sé cómo se sienten», pero también ha pedido respeto a los votantes del PP y ha reclamado que, a la hora de negociar, cada partido tenga en cuenta la proporcionalidad que tiene en el Parlament.

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Con respecto al recurso ante el Tribunal Constitucional que han presentado varios partidos contra la legalización en rústico, Prohens ha mostrado su sorpresa por el hecho de que lo presente el PSIB a pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha visto indicios de inconstitucionalidad. Ha recordado que ya hay 500 familias «de todos los colores políticos» que se han acogido a este proceso y ha considerado que el recurso es un «ataque» a estos ciudadanos.

«Es un ataque y un intento de criminalizar a más familias de Baleares, normales y corrientes», ha dicho. Ha señalado a los partidos de izquierdas que »criminalizan« a estas familias, a las que considera «unos delincuentes», mientras defiende a los que okupan viviendas. «Los delincuentes son los que okupan con una patada en la puerta», pero no las miles de familias «que se podrán acoger a este proceso de legalización».

La enmienda del PSIB que apoyó Vox supone el bloqueo de 400 millones de euros de las cuentas de este año, que no se podrán gastar. También añade complicaciones para la ejecución de 300 millones de la ecotasa. Una de las enmiendas deja sin efecto real la aprobación del techo de gasto, esos 400 millones más, según ha detallado el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, que ha explicado el resultado de la votación en ponencia. Las enmiendas del PSIB han contado con el apoyo de Més, pero no hubieran salido adelante sin el voto de Vox.

Otra de las enmiendas del PSIB apoyadas por Vox implica que todos los proyectos que se financiarán con la ecotasa deberán volver a ser ratificados por el Parlament, a pesar de que ya han recibido el visto bueno de la comisión porque este acuerdo no se ratificó en un proyecto de ley de Presupuestos. Son otros 300 millones más. Otra novedad es que, en caso de prórroga presupuestaria, como sucede ahora, los consellers tendrán que comparecer para explicar cómo ejecutarán su propuesto y el Govern deberá enviar al Parlament todos los meses un detalle de la ejecución presupuestaria.