Los turistas en alojamientos fuera de mercado crecen más que el resto

El crecimiento de los usuarios de alojamientos turísticos fuera de mercado ha experimentado, en proporción, un impulso mayor desde 2016, año en el que el Institut d'Estadística de Baleares (IBESTAT) facilita las primeras estadísticas referentes a dicha categoría. Estos visitantes han pasado de los 2,5 millones entonces a los 3,2 millones de 2024, lo cual supone un incremento del 24,7 % frente a la subida del 21,7 % del alojamiento de mercado (hoteles, agroturismos, casas vacacionales, etc), que sigue siendo, obviamente, el mayoritario: de 12,7 millones a 15,5 millones.

Los viajeros con esta modalidad de alojamiento son incluso más numerosos durante los tres meses más flojos de la temporada baja, de noviembre a enero. En ese último trimestre, llegaron 554.890 de estos visitantes, casi el 60 % del total. Justo cuando la planta hotelera y resto de oferta regularizada se mantiene en cifras mínimas.

Estos datos se extraen de la información recogida en la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR), la cual se basa en encuestas a los propios visitantes. Ni la Administración pública ni el sector del alquiler vacacional tienen dudas acerca de la verdadera naturaleza de esas visitas: comercialización turística ilegal de segundas residencias en su mayor parte que además escapan totalmente a los sistemas de detección habituales.

El número de propietarios extranjeros en el Archipiélago ha ido creciendo a la par que su peso en el total de compraventas anuales, cercano ya al 40 %. Y, paralelamente, también lo ha hecho la comercialización ilegal disfrazada de viviendas prestadas a allegados. Esa comercialización se realiza en el país de origen en muchas ocasiones, con pagos bajo mano y sin plataformas digitales para anunciar el producto de por medio. Un vuelo bajo el radar que los inspectores no pueden identificar.

«Es un problema que hace años que estamos trasladando a la Administración», señala Maria Gibert, gerente de la patronal de alquiler turístico, Habtur. «Entiendo por un lado la frustración de esas administraciones y de sus inspectores, porque son cosas muy complicadas de controlar». Gibert explica que ha llegado a saber de casos como el de un propietario de una multinacional alemana que publicitaba su casa en primera línea de Mallorca con un anuncio en su propia oficina de trabajo.

«Lo compran todo en su propios país y llegan aquí con todo atado. Declaran que la casa es suya, de unos primos, de un amigo...». El conseller insular de Mallorca, José Marcial Rodríguez, asume las dificultades para controlar este tipo de prácticas. Máxime con las limitaciones actuales de las áreas de inspección, con problemas de personal y otras defectos estructurales de funcionamiento que vienen de atrás.

Asimismo, desde la institución insular se desearía que Hacienda colaborara en estas tareas con la facilitación de los datos jurídicos de las empresas comercializadoras que puede investigar el Consell. Por otro lado, las medidas de contención con anunciadas por el Govern el viernes incluyen determinados apartados dirigidos a la lucha contra la oferta ilegal, con incrementos en los controles y en las sanciones. El Ejecutivo pretende subir las multas a la oferta de alojamiento ilegal hasta los 5.000 euros en las infracciones leves, hasta los 50.000 en las graves y hasta los 500.000 en las muy graves, lo que equivale a incrementos del 25 % en los tres casos. También se exigirá el número de registro del alojamiento a las plataformas comercializadoras -como Expedia o AirBnB- y se incrementará la colaboración de Policía Nacional y Policía Local, sobre todo en lo tocante al intercambio de información.