Demanda histórica.

Además de fomentar el consumo local entre los ciudadanos y el sector turístico, las diferentes organizaciones agrarias demandan desde hace años que la compra pública que realizan las administraciones fomenten también el producto local. | Daniel Espinosa

Francesca MaríManacor16/02/25 4:00
TW
10

Importante paso para la agricultura y ganadería producida en Baleares. El Govern incluirá dentro de las cláusulas sociales de contratación de la comunidad autónoma la obligatoriedad de que cualquier compra pública de alimentos deba contar, al menos, con un 16 % de producto local. Este hecho redundará en que todos los servicios que ofrece el Govern como puedan ser comedores escolares, hospitales o residencias deban contar con productos producidos en las Islas, una reivindicación histórica del sector agrario que, al fin, parece haber encontrado la ‘brecha’ legal para poder materializarse.

Si bien durante la pasada legislatura la Ley turística obligó a los establecimientos turísticos a incluir un 3 % de producto local en su oferta gastronómica, esta obligatoriedad no se daba en las administraciones públicas. Para ello, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural ha modificado el artículo 144 de la Ley Agraria donde antes se hacía referencia a los «contratos de suministros» para ahora ampliarlos a todos los contratos del sector público donde se adquieran de forma directa o indirecta productos agrícolas o alimentarios.

De esta forma se blinda que sea cualquier tipo de contratación la que deba cumplir la obligatoriedad. «Tenemos un plan de promoción de producto local y el sector público debía dar ejemplo en el consumo de este», señala el director general de Qualitat Agroalimentaria i Producte Local, Joan Llabrés. Es más, para no ‘topar’ con la política de libre competencia de mercado y las directrices europeas, Llabrés aclara que para favorecer el producto local debe ceñirse por criterios de sostenibilidad ambiental. «Atendiendo a criterios ambientales de preservación del medio, lucha contra el cambio climático y reducción de la huella de carbono», aclara.

Una vez modificada la Ley Agraria será ahora el Consell de Govern quien deba adaptarlo a los criterios de contratación que, se espera, no demore demasiado. Una vez el Consell de Govern lo convalide, todas las nuevas contrataciones que realice el ejecutivo donde se adquieran de forma directa o indirecta productos agrícolas o alimentarios deberán fijar este 16 % de producto local. Es más, también se incluirá otro 16 % de productos ecológicos, lo que supone también un importante apoyo a la producción verde.

«Esta introducción del producto local se hará de manera paulatina, a medida que se vayan renovando o sacando a concurso las nuevas contrataciones», aclara Llabrés quien recuerda también que el objetivo es primero aplicarlo a los servicios del Govern para después también poderlo extrapolar al resto de administraciones públicas como los consells insulars y ayuntamientos.

Esta medida de contratación pública se incluye dentro del plan de promoción de producto local previsto por la Conselleria d’Agricultura i Pesca para los próximos tres años y que cuenta con un presupuesto de 4,6 millones de euros. Entre otras medidas también apuesta por promocionar el producto local entre la población local, con el objetivo de incrementar la demanda.