El presidente de Ryanair, Michael O'Leary durante una rueda de prensa el pasado martes en Madrid en la que ridiculizó al ministro de Consumo por la multa a las aerolíneas. | JJ Guillén

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Mientras la guerra abierta entre las aerolíneas low cost y el Gobierno de España sigue quemando etapas, en Balears continúan acumulándose las denuncias contra los abusos de estas compañías aéreas. Especialmente por el cobro del equipaje en cabina, la circunstancia que motivó la multa del Ministro de Consumo y el posterior hostigamiento contra su titular encabezado por Ryanair.

El sector aéreo es el que acumula la mayor parte de las denuncias interpuestas por los usuarios de Baleares -comunidad especialmente vinculada al sector aéreo por sus condicionantes geográficos- tanto ante la Dirección General de Consumo como en la Asociación de Usuarios y Consumidores de Baleares (Consubal). Las cifras del Govern han ido ascendiendo en los tres últimos años hasta las cerca de mil (993) de 2023, casi el 35 % de todas las denuncias en el sector del transporte (1.519). Muy por encima también de otros sectores como telecomunicaciones (777) suministro eléctrico (697) o banca (134).

Consumo no cuenta aún con el balance de 2024, aunque se espera una subida como la que acreditan los datos propios de Consubal referentes al año pasado: hasta un 40 % más de quejas y reclamaciones contra las aerolíneas. La inmensa mayoría de esas denuncias se concentra en las dos low cost de mayor actividad, Ryanair y Vueling. El cobro por el equipaje de mano está, ley en mano, injustificado. Pese a ello, estas aerolíneas únicamente permiten llevar un pequeño bulto de modo gratuito -un bolso o una mochila- que se deberá dejar bajo el asiento, mientras que las típicas tróley superan las limitaciones de tamaño impuestas (limitaciones que, por otro lado, bailan según cada compañía).

Desde Consubal se ha pedido al Ejecutivo estatal que resista ante las presiones tras la multa de 179 millones de euros impuesta contra Vueling, Easyjet, Volotea, Norwegian y la propia Ryanair. Su presidente, Alfonso Rodríguez, ha remitido una carta al ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, en nombre de los consumidores y usuarios de Baleares para que «no ceda ante las tácticas chantajistas» de algunas de estas empresas. Y reivindica la importancia de esta lucha para los residentes en las Islas, «los mayores sufridores de los abusos a los que estas compañías someten a sus clientes», los cuales «se repiten de forma reiterada». En declaraciones a este rotativo, Rodríguez afirma que «las low cost llevan años de guerra entre ellas para tirar los precios a cambio de incrementar los daños colaterales para los viajeros; ahora es el equipaje de mano, pero dentro de poco será otra cosa».

Critica además el uso de otras prácticas abusivas como la separación en los asientos de personas con la misma reserva, incluidos los casos con menores de 12 años de por medio, que está igualmente prohibido. «Es una barbaridad porque estos menores deben ir al lado del adulto que los acompaña, pero se fuman la ley como en muchas otras cosas».

El conflicto se ha radicalizado en las últimas semanas. Las compañías están presionando a Bruselas para que deje sin efecto la multa de Consumo y amenazan con incrementar el precio de los billetes para compensar el impacto o incluso suprimir conexiones. Como colofón el CEO de Ryanair, Michael O’Leary, ridiculizó a Bustinduy caracterizándolo como un payaso, a lo que el ministro respondió que no se dejará amedrentar.

Por lo pronto, desde Consubal se va a pedir este lunes a las autoridades autonómicas la convocatoria de la Mesa del Transporte Aéreo de Baleares -de la que la propia asociación de consumidores forma parte- para analizar esta situación y proponer posibles medidas. El Govern, por lo pronto, no ha definido su postura en este enfrentamiento.