El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. | Europa Press - Isaac Bujosa

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La defensa del president del Parlament, Gabriel Le Senne, apela a la inviolabilidad parlamentaria para intentar evitar el banquillo de los acusados. La representación procesal del político de Vox ha presentado un recurso para que sea la Audiencia Provincial quien tenga la última palabra sobre si debe responder penalmente por un delito de odio por romper en el pleno las fotografías de Aurora Picornell y de las hermanas Pascual. El juez de instrucción concluyó que lo ocurrido durante esa sesión penal sí contenía indicios de que Le Senne atentó contra la dignidad de las víctimas del Franquismo por esta condición y que actuó movido por un móvil ideológico.

La representación procesal del imputado se escuda en la involabilidad parlamentaria, «que existe justo para evitar el uso espurio de la jurisdicción penal y para garantizar la libertad de los diputados a la hora de intervenir». El recurso acusa de arbitrariedad al juez y sostiene que toda la causa es «totalmente desproporcionada en relación con los hechos ocurridos».

La defensa reduce todo lo sucedido en el pleno a un accidente. Sostiene que Le Senne no rompió la fotografía sino que el folio «se rompe accidentalmente» cuando intentó quitarlo del ordenador de la diputada socialista Mercedes Garrido. Niega la versión del auto del magistrado que recoge, según declararon varios testigos, que Le Senne luego rasgó en trozos la imagen y la tiró a la papelera.
El recurso, planteado por la asesora jurídica de Vox, también carga contra las acusaciones populares y particulares, entre ellas Memoria de Mallorca: «Buscan instrumentalizar el procedimiento penal para desacreditar al recurrente (Le Senne) y forzar su relevo como presidente del Parlamento. La denuncia y las querellas están plagadas de valoraciones subjetivas y descontextualizadas, careciendo de sustento». Les atribuye un «uso del Derecho Penal como herramienta de confrontación política».

En todo momento insiste en que Le Senne cumplía su deber como presidente ante el «grave desacato» que atribuye a las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa, que exhibían las imágenes en la mesa del Parlament. Aporta, como documento, un acuerdo de la Conferencia de Presidencias de Parlamentos Autonómico, para respaldar las normas que sostiene que Le Senne intentaba hacer cumplir. El acuerdo es de enero de 2025. La Audiencia tendrá ahora que decidir si mantiene la causa abierta o si opta por el archivo, como solicita la defensa del imputado.