El alquiler vacacional crece en toda España mientras retrocede en Baleares

En un ranking de 25 ciudades, tan solo Palma y Eivissa se salen de la tendencia al alza generalizada, con una bajada de la oferta del -10,1 % y del -11 %, respectivamente. La práctica totalidad de las otras ciudades experimentan un crecimiento de dos dígitos con respecto a 2023, con una media del 17,5 %. Los pronunciados incrementos de Oviedo (29,6 %), Zaragoza (29,4 %), Valencia (30,2 %) o Madrid (22,9 %). Otros destinos importantes mantienen subidas notorias aunque por debajo de la media estatal, como es el caso de Barcelona (10,5 %), Sevilla (17,4 %), Santander (14,9 %) o Bilbao (11,1 %).

Baleares se ha convertido este año, por tanto, en la excepción a la norma en la evolución de la oferta del alquiler turístico. Esta, subraya Exceltur, ha aumentado en el resto del Estado «en muchas ocasiones sin cumplir con las debidas normativas que las regulan». De hecho, de las 25 ciudades con mayor volumen de plazas turísticas, hay un total de diez en las que el número de plazas de viviendas de uso turístico supera las plazas hoteleras. No están en ese saco ni Palma (6.408 plazas de alquiler turístico frente a 37.844 hoteleras) ni Eivissa (2.385 de alquiler y 10.798 hoteleras).

«A pesar de los esfuerzos de los gobiernos autonómicos y locales para su control, con la presentación a lo largo del año de iniciativas para su ordenación y refuerzo de los instrumentos de inspección, la realidad de los hechos refrenda la necesidad de incorporar nuevos instrumentos normativos que garanticen que no se pueden comercializar viviendas turísticas que no cumplan las citadas normativas», reclama el lobby empresarial.

Según los datos de Ibestat hasta noviembre, los turistas llegados a Baleares hasta noviembre que se alojaron en viviendas de alquiler turístico cayó hasta un 19 % en relación al año anterior, al tiempo que la oferta hotelera ha experimentado un ascenso del 11 %. La patronal del sector, Habtur, achaca a la progresiva retirada del mercado de muchas de las viviendas que se comercializaban en 2023 como de uso turístico, tanto legales como ilegales. Las primeras han decidido abandonar el juego «por la inseguridad jurídica y todo el halo de incertidumbre que envuelve al sector», en un año además, en que este ha sido uno de los principales focos de las protestas por la masificación. En el caso de la oferta ilegal, el endurecimiento de las inspecciones y de las multas contra los infractores es un factor que también se ha notado. Así lo mantienen al menos desde el Consell de Mallorca, que ha impuesto cuantiosas sanciones este año.