Baleares se convierte en 'Nomadland', el sinhogarismo engulle a la clase trabajadora

En España viven más de 29.000 personas sin hogar, según el Instituto Nacional de Estadística. Son 71,3 de cada 100.000 habitantes, aunque es un fenómeno que varía enormemente en función del territorio. Históricamente, Andalucía, País Vasco y Madrid eran las comunidades que concentraban un mayor porcentaje. El INE estima que el 1,87 % de las personas en situación de sinhogarismo en España vive en Baleares. El cómputo oficial era de 643 personas sin hogar en las Islas en 2022 , pero las entidades sociales que trabajan con el colectivo avisan de que no solo son más, sino que su perfil está cambiando.

Basta echar un vistazo a los asentamientos crecientes de caravanas en las barriadas de Palma para imaginar lo que nos confirman la Sapiència, Sojorn y Càritas Mallorca. «Se incorporan nuevos perfiles a este colectivo: personas trabajadoras que a pesar de tener un sueldo no pueden acceder a una vivienda digna». Baleares cada vez se parece más a la realidad americana que la directora de cine Chloé Zhao retrató de forma impecable en Nomadland.

Las entidades sociales de la Iglesia atendieron el año pasado a más de 800 personas sin hogar en Baleares aunque estamos muy lejos de disponer de un recuento de datos cien por cien fiable. Tradicionalmente, los ayuntamientos empadronaban a todos los usuarios de sus servicios sociales con independencia de la precariedad del lugar en que vivían o de si vivían en la calle. La pandemia evidenció la eficacia de este sistema y la repercusión que tiene en el bienestar de toda la sociedad. No obstante, el Ajuntament de Palma aprobó hace solo unos días la nueva ordenanza cívica que contempla multas de hasta 1.500 euros a las personas que vivan en caravanas en su término municipal.

¿Se atreverán las personas sin hogar que precisan seguimiento de los servicios sociales a revelar cuál es su domicilio real y exponerse a multas? Lo lógico sería pensar que esas personas dejarán sus caravanas para alojarse en recursos habitacionales públicos. Es lo que tradicionalmente se conoce como albergue para personas sin hogar. ¿Compartiría usted habitación en un albergue con sinhogaristas de otros perfiles? Aunque su respuesta fuera afirmativa, no tiene un techo garantizado. Los servicios existentes están desbordados.

Alfonso López Bermúdez, graduado en Trabajo social y docente de la Universitat de les Illes Baleares (UIB), estudia desde 2020 la calidad de vida de las personas sin hogar en Baleares. A través de los profesionales que los atienden, su trabajo abarca un espectro de 517 homeless. «Lo que estoy viendo es que la calidad de vida es la gran olvidada en los recursos residenciales. Estos recursos cada vez están más saturados y ahora sabemos que residir en un recurso residencial más tiempo del necesario empeora tu calidad de vida».

Son muchas las personas sin hogar que prefieren dormir en caravanas, asentamientos o incluso al raso, antes que recurrir a uno de los albergues públicos. Eso complica un problema histórico: la falta de un recuento real del sinhogarismo en las Islas. Palma es el único municipio de Mallorca en el que se realizan recuentos nocturnos de personas sin hogar. Lo que no se cuenta parece que no existe, pero a la vez el sinhogarismo ha crecido tanto en Baleares que ya no es invisible.

«No hay una cifra de cuántas personas están viviendo en la calle, lo que sabemos es que cada día se acercan a los servicios de acogida personas nuevas a las que les tenemos que decir que no tenemos un lugar para que vivan, los servicios están colapsados», explica Teresa Riera, responsable del proyecto Sense Llar de Càritas Mallorca. Toni Moyà, de la Fundación Social la Sapiència y Jaume Alemany, del proyecto de acogida Sajorn, describen situaciones similares a la vez que piden más sensibilidad a la población en torno al problema de la vivienda.

Más sensibilidad

Conocedores de que la demanda supera con creces a la oferta, los propietarios, de la mano de las agencias inmobiliarias, no solo están subiendo los precios de los alquileres sino que evitan alquilar a familias con niños, personas con discapacidad u otros colectivos vulnerables a sabiendas de que su singularidad retrasa los desahucios en caso de impago.

La entrada en vigor en mayo de 2023 de la Ley por el Derecho a la Vivienda en España abrió la posibilidad de fijar un precio máximo para los alquileres mediante la declaración de zonas tensionadas en territorios como Baleares en los que el alquiler o la hipoteca se lleva más del 30 % de los ingresos familiares. Aunque la norma ha puesto esta herramienta al alcance de todas las autonomías, el Govern balear rechaza utilizar esta fórmula.

El informe de El Estado de la Pobreza Illes Balears, realizado por European Anti-Poverty Network (EAPN), una plataforma de entidades sociales (entre ellas Cruz Roja) que luchan contra la pobreza y la exclusión social en Baleares, advierte de otro cambio de tendencia. Hasta la gran recesión de 2008 el gasto de una hipoteca media (de 787 euros mensuales) superaba al de un alquiler (543 euros), pero desde 2016 el coste de alquiler es mayor (773 euros mensuales) que el de pagar la letra de la hipoteca (620 euros).

Baleares es la comunidad en la que más aumenta el precio de la vivienda. Teniendo en cuenta que las rentas medias de las familias de las Islas se asemejan a la media estatal, el sobreesfuerzo que tienen que hacer los residentes para no dormir al raso es más que evidente. En 2023 debían dedicar un 21,6 % de su sueldo a tener un techo, una cifra muy alejada del 17,6 % que es la media nacional. Actualmente el porcentaje es un 30 %.

Tradicionalmente, las personas se quedaban en la calle en el proceso de empezar de cero en un nuevo país, tras perder su trabajo o sufrir un desahucio. También por adicciones y problemas de salud mental. Esto está cambiando. La mayoría de las personas sin hogar son actualmente de origen Europeo, un 40 % autóctonos de Baleares.