Las comisiones que se cobran por mantenimiento de cuenta constituyen una de las prácticas consideradas, según este estudio, como estafas normalizadas. | R.L.

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Dice la RAE que una estafa es aquel delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro. Y aunque no todo lo que nos pasa es una estafa, en muchos casos nos sentimos estafados tras sufrir prácticas que son totalmente legales, aún siendo cuestionables. A eso se le llama estafas normalizadas; el tema sobre el cuál el comparador online de juego estafa.info ha realizado su último estudio.

Los datos que se desprenden de él arrojan que los cargos de mantenimiento de cuentas bancarias se consideran la estafa normalizada más prevalente mientras que el impuesto de sucesiones, quedaría en el segundo lugar. El tercer puesto del ranking de estafas legales se relaciona con la tramitación de los préstamos de los bancos.

Éste es el gráfico elaborado por el comparador con los datos extraídos:


(via www.estafa.info)

El estudio indica que casi el 31 % de encuestados acaba pagando entre 50 y 200 euros al mes a causa de estas prácticas normalizadas. Por otro lado, la mitad de la población piensa que existen porque son legales y la otra mitad defiende que se mantienen, simplemente, porque todo el mundo las acepta.

Además de los bancos, los impuestos también toman protagonismo en estas prácticas; el de sucesiones se considera una estafa legal por el 27,3 % de los encuestados, ya que, según estafa.info «este tributo que se aplica tras el fallecimiento de una persona se percibe como una doble imposición que castiga a las familias en momentos de vulnerabilidad». La web indica que incluso hay herederos que se ven obligados a vender propiedades o activos para hacer frente a ese impuesto.

Los préstamos de los bancos

El 21,9% de los encuestados señala que, en el caso de los préstamos, los altos intereses, las comisiones ocultas y las condiciones de los contratos, provocan que esta práctica se sienta en la mente de los usuarios como una estafa normalizada, debido a que, en la mayoría de casos, favorecen a las financieras por delante de los consumidores. Esta percepción negativa se debe a que algunos de esos préstamos acaban suponiendo una fuente de abuso financiero en vez de un apoyo económico.

Las suscripciones automáticas

¿Cuántas veces advertimos el cobro de una suscripción, habitualmente en las facturas mensuales de teléfonos móviles, que no hemos activado? Es otra de las prácticas legales más extendidas. Se apoyan en la letra pequeña para defender su alta sin una verdadera interacción con el usuario, por ello, el 22 % de los encuestados también las consideran estafas legales. «Luego los usuarios encuentran complicado o casi imposible cancelar estas suscripciones, además de acumularse cargos recurrentes que hacen que los usuarios se sientan atrapados», explica Ángel López, especialista en fraudes y estafas de la plataforma.

Ejemplos localizados en Baleares sobre las suscripciones automáticas que se inician por sí mismas

La obsolescencia programada

Si se rompe un electrodoméstico, se compra otro. Es uno de los mayores y peores focos del consumismo actual; sobre todo porque se trata de una maniobra orquestada por las corporaciones más grandes para dar salida a nuevos modelos con excesiva frecuencia. En la mayoría de casos, reparar el aparato es más caro que comprar uno nuevo. Por ello, los consumidores se sienten obligados a adquirir nuevos artículos con mayor frecuencia.

Caso detectado en Mallorca sobre la obsolescencia programada

¿Es posible una estafa legal?

Está claro que no, porque si realmente se trata de un delito, no podría ser considerada legal; y aún así, más del 32 % de los encuestados creen que las prácticas mencionadas deberían ser prohibidas. La razón es que los usuarios sienten la sensación de obligatoriedad de pago, «lo que les provoca un sentimiento de falta de control y elección sobre estos gastos», explican.

Desde la plataforma indican que los resultados de este estudio dan la oportunidad de cuestionar estas prácticas aceptadas que incrementan la vulnerabilidad del consumidor y revisarlas para ofrecer alternativas más seguras.