La pieza investiga la actividad de varias tiendas duty free en el Puerto. | Gabriel Alomar -

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La Autoritat Portuària de Balears niega a la jueza del caso Puertos' que exista el documento clave para imputar un delito de prevaricación en la pieza número uno del caso. La magistrada levantó el pasado otoño el secreto de sumario de esa parte de la investigación, que se centra en el supuesto permiso dado por el entonces presidente del organismo, Joan Gual, a una empresa para explotar un ‘duty free' en el Puerto de Palma. Esa sociedad, supuestamente habría cometido un fraude fiscal al comercializar como mercancía libre de impuestos productos fuera de las tiendas acotadas.

Según el relato indiciario de la juez al levantar el secreto, Gual habría autorizado a la empresa a prorrogar su presencia en dos tiendas en mayo de 2020. Ocurre que el documento de esa autorización temporal no aparece. La magistrada ofició a la Guardia Civil primero para que comprobara si estaba dentro de la ingente cantidad de documentación que se intervino en el registro de la Autoritat. Después dirigió un escrito para que se fuera a buscar en las mismas oficinas antes de adoptar alguna medida coercitiva. Sin embargo, la entidad ha contestado que nunca se llegó a firmar tal autorización temporal y que, por lo tanto, no existió el permiso. En la pieza se investiga si Gual cometió delitos de prevaricación y de tráfico de influencias al otorgar esa prórroga para beneficiar al entonces vicepresidente de la institución, Miquel Puigserver, que tenía intereses en la empresa que explotaba las dos tiendas. Una vez levantado el secreto, la magistrada aún no ha iniciado la toma de declaraciones en torno a esta parte del macro sumario, a la espera de informes de la Agencia Tributaria.

Mientras aparece o no el documento, la magistrada ha acordado por ahora una prórroga de los plazos de instrucción para todas las piezas, las tres de las que se ha levantado el secreto de sumario y las que permanecen bajo ese paraguas. En una de las últimas prórrogas del secreto, se pedía a la Guardia Civil que terminara las diligencias que estaban pendientes antes del próximo mes de marzo.