Control veterinario a un perro. | Marina Yeste - Marina Yeste | SANTA EULÀRIA

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El Govern no controlará ni actuará por la tenencia de animales de compañía si no es por una denuncia previa o por una evidencia de maltrato. Así lo han explicado este jueves el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet,y el director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández ante la entrada en vigor, prevista para mañana, de la Ley estatal de Protección de los Derechos y del Bienestar de los Animales, cuya aplicación corresponderá a las comunidades autónomas. La ley se refiere únicamente a los animales de compañía y los silvestres en cautividad.

En este sentido, Simonet y Fernández señalaron que «con un 40 % de los hogares de Baleares que tienen animales de compañía, el Govern no va a revisar la vida privada de estos domicilios ni el modo de convivencia entre los propietarios y las mascotas. Lo hará si se produce una denuncia o si hay una evidencia de maltrato».

Ambos responsables criticaron que «la ley estatal supone una invasión de competencias autonómicas -ante la cual el País Vasco ya ha presentado un recurso de inconstitucionalidad- y supone para las comunidades una nueva carga administrativa, con más controles sin dotación de medios para ello. Si bien es verdad que el bienestar animal es una demanda social, consideramos que no había necesidad de esta ley y que era suficiente con las normativas autonómicas. En cualquier caso, facilitaremos el cumplimiento de la ley ante los innumerables casos que se pueden plantear y para ello en la web de la Conselleria se podrán consultar legislación, documentación, guías, formularios, solicitudes y preguntas frecuentes, teniendo en cuenta que hay cuestiones concretas cuyos plazos se prolongan hasta 2026».

Quedan fuera de la ley los animales de producción y experimentación y los perros de caza, pastores y de las fuerzas de seguridad. Así, la ley afecta principalmente a perros, gatos, hurones, hámsteres, animales que dejan de producir, y peces y aves de carácter doméstico. Todos los perros deberán contar con seguro de responsabilidad civil, si bien cabe apuntar la mayoría de seguros del hogar incluyen a las mascotas.

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Queda prohibida la tenencia en domicilios de arácnidos, reptiles, anfibios, serpientes y peces si presentan una carga venenosa. También de reptiles que, de adultos, superan los 2 kilos de peso, así como de tortugas, primates, mamíferos silvestres que de adultos superan los 5 kilos de peso y de especies exóticas consideradas invasoras En caso de poseerlos con anterioridad a la ley, se abre un plazo de 6 meses para comunicar y recibir autorización para su tenencia, que sí será objeto de seguimiento.

También se ha manifestado respecto a la ley el Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears (COVIB). Su presidente, Ramon Garcia, destacó de la ley «la complejidad, los puntos pendientes de desarrollo reglamentario, las confusiones y las dudas que genera para el colectivo profesional en cuestiones como la eutanasia, las colonias felinas o el intrusismo».

Respecto a la eutanasia, la ley la justifica para evitar el sufrimiento del animal por causas no recuperables que comprometan seriamente su calidad de vida o cuando concurran motivos de seguridad para personas o la salud pública, siempre bajo control y criterio veterinario. Sin embargo, Garcia apuntó que «se pueden plantear casos específicos de tratamiento veterinario que el propietario no puede afrontar por su coste o de agresividad en la convivencia. Hemos pedido al Gobierno central más garantías en este aspecto».

La ley prevé la creación de un registro de especialistas en comportamiento animal. Para el presidente del COVIB, «este registro puede dar pie a casos de intrusismo profesional. La única profesión con garantías sanitarias, médicas, quirúrgicas o para la conducta es la de veterinario. Es la única figura que puede diagnosticar y prescribir un tratamiento, pero esta circunstancia no queda clara en la ley. No se pueden dar casos de personas que emitan diagnósticos sin ningún criterio científico».

Todos los gatos deberán ser identificados con chip y ser esterilizados a los 6 meses. La identificación con chip se amplía a los hurones Las aves deben ser anilladas. Y la gestión de colonias felinas recaerá en los ayuntamientos, que serán los encargados de capturar, esterilizar y realizar el tratamiento de los gatos integrantes. Según Garcia, «la ley sólo plantea superficialmente las molestias que estas colonias felinas ocasionan a los vecinos, su impacto sobre la biodiversidad o el riesgo para la salud pública, pero valoramos positivamente la esterilización de todos los gatos porque, con esta medida, se puede llegar a largo plazo al control de estas poblaciones».