Reunión de la Mesa del Diálogo Social en el Consolat en 2021, en plena pandemia. | R.L.

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El Govern en funciones está revisando una a una todas las subvenciones concedidas a las empresas para cubrir las pérdidas ocasionadas por la pandemia. En algunos de esos casos se está remitiendo a los empresarios un requerimiento para que presenten documentación complementaria a la ya presentada en su día y que se entiende como imprescindible para que las ayudas queden plenamente justificadas.

En la misiva, con el membrete de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, se emplaza a las empresas a presentar la documentación requerida en un plazo de diez días hábiles. Ello se entiende como una «corrección», puesto que la documentación debería haber sido ya entregada al completo en un primer momento, es decir, antes del 30 de junio de 2022.

El incumplimiento de ese plazo o de los términos que condicionaban las ayudas -que los gastos no se correspondan con la actividad subvencionada, que ya hayan sido financiados mediante otras subvenciones o que hayan sido justificados mediante documentación fraudulenta- puede desembocar en la revocación de la subvención, de modo que la empresa tendría que reintegrar esa cuantía al Govern.

Esta línea de subvenciones fue aprobada en mayo de 2021 por orden de las consellerias de Hisenda y de Model Econòmic para repartir entre las empresas de las Islas un total de 855 millones de euros en ayudas otorgadas por el Gobierno del Estado para combatir los efectos de la COVID. Baleares y Canarias fueron las dos únicas comunidades en repartir el 100 % de las ayudas, un dato comprensible teniendo en cuenta que fueron los territorios con la actividad económica más afectada por la crisis sanitaria -dada su mayor dependencia del turismo- y sus empresas las más necesitadas de cobertura.

La documentación requerida para justificar los gastos variaba en función de las cantidades. Así, en subvenciones igual o inferiores a los 6.000 euros solo se exigía una declaración responsable. La siguiente horquilla, de 6.000 a 60.000 euros, requería de una relación clasificada de todos los gastos. Las cuantías superiores precisan del informe de una auditoría.

El Govern inició las comunicaciones a las empresas en este segundo trimestre del año, tras un exhaustivo trabajo de revisión que dio inicio en julio del año pasado, cuando finalizaba el plazo para presentar los justificantes. En todo caso, desde el Ejecutivo se pretende lanzar un mensaje de tranquilidad subrayando que la recepción de una de estas misivas no implica que las subvenciones vayan a ser revocadas, siempre y cuando las empresas cumplan con todos los requisitos.