Una familia reclama 30.000 euros al Govern por cuatro años de ‘bullying'

Sin embargo, la Conselleria rechaza la existencia de una responsabilidad por su parte. En primer lugar cuestionan la existencia de la propia situación de acoso. Según la familia se habría iniciado en el año 2018 y responsabilizan de la misma a una compañera de la menor con la que compartía clase y lo hizo, de manera ininterrumpida durante cuatro cursos. Sin embargo, según los informes de la dirección del centro y de la inspección educativa, ni la menor ni los padres alertaron de la situación hasta dos años después. A principios de 2020 la adolescente relató por primera vez la situación de acoso a los responsables del centro y se inició una intervención que quedó truncada por el confinamiento.

La familia llegó a denunciar la situación ante la Guardia Civil, ante lo que entendían que era pasividad por parte del centro. También elevaron el caso ante el Defensor el Pueblo, que abrió una actuación que archivó más tarde tras recibir los informes de la inspección educativa.

La actuación de los inspectores refleja distintas intervenciones del centro durante los dos cursos en los que existieron denuncias. Se entrevistaron con la menor y la supuesta acosadora, que siempre se mostró dispuesta a intentar arreglar lo que consideraba «malentendidos». También se entrevistaron con los padres de ambas partes, les ofrecieron intervenciones de mediación y la posibilidad de un cambio de grupo. El director del centro concluyó todos sus informes señalando que no constaban actos de acoso en el centro ni testigos que los acreditaran. De hecho, buena parte de lo que la acosada relataba tenía que ver con actividades externas al centro de las que decía que era excluida. Los padres de la menor sostienen que ningún otro alumno ha apoyado su versión por miedo a la supuesta acosadora.