Una persona mayor con movilidad reducida. Foto de archivo. | Redacción Digital

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Un total de 666 personas han fallecido en Baleares en lo que va de año en las listas de espera de la dependencia, según los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 recogidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En concreto, de estas 666 personas, 366 eran dependientes con derecho pendientes de prestación y 300 estaban pendientes de resolución del grado de dependencia. Además, de los datos se desprende que Baleares tiene «un 8,28% de personas en el limbo de la dependencia», es decir, pendientes de recibir prestación. Este porcentaje se sitúa por debajo de la media estatal.

De diciembre de 2020 a noviembre de 2021, las listas de espera se han reducido un 10,3% en Baleares, con 2.201 personas en espera en noviembre de este año. Por otro lado, el número de beneficiarios ha aumentado un 5,7% en Baleares en este periodo. En toda España, un total de 43.381 personas han fallecido en lo que va de 2021 en las listas de espera de la dependencia. Según advierte la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, «la burocracia en los procedimientos y estas comunidades no van a permitir que el Gobierno cumpla con el objetivo de reducción de la lista de espera en 60.000 personas comprometidas en el plan de choque».

Para la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, estos datos «parecen indicar que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se reactiva», pero advierte de que «ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a las personas dependientes con Grado I». Las prestaciones y servicios, según indica, son «cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes» para las necesidades de las personas en situación de dependencia. Por ello, «lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones», pide «medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables».

En concreto, pide al Gobierno de España y a los Gobiernos Autonómicos que acometan reformas para «agilizar los trámites, simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento». También propone avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones, e incluir la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia. Aunque la Asociación destaca que «ya se han recuperado los recortes del 2012 y se han incrementado los presupuestos», recuerda que «cada 11 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley y que, desgraciadamente, a las 43.381 personas que fallecieron este año, el plan de choque no les llegó a tiempo».