El Tribunal de Cuentas abre un expediente sobre las irregularidades en Anticorrupció

El informe realizado por la Sindicatura de Comptes denunciaba irregularidades en materia de personal, con el pago de complementos, como la carrera profesional, antes de que se hubieran aprobado legalmente, así como incumplimientos reiterados en las normas de contratación.

El informe decía textualmente que, tanto la actividad contractual como la gestión de recursos humanos no se había desarrollado «de conformidad con la normativa legal aplicable». Incluso se dudaba de la legalidad de alguna de la firmas de Far en los expedientes.

Omisión de trámites esenciales

«Es una práctica recurrente de la Oficina omitir trámites esenciales previstos legalmente y así lo evidencia las discrepancias entre la fechas incorporadas, en ocasiones, en los documentos generados y las fechas de la firma electrónica que, si bien se pueden hacer invisibles, no se pueden modificar», señalaba el informe sobre los procesos de contratación.

Sobre la gestión de recursos humanos, la Sindicatura concluía que las deficiencias eran de tal calibre que implicarían volver a repetir todos los procesos ya que muchos presentaban «causas de nulidad de pleno derecho» por la falta de negociación.

En este mismo informe, además de consignar estas cuestiones, la Sindicatura le emplazaba a adoptar medidas correctoras, una petición a la que se sumó el Parlament tras la comparecencia de los síndics para explicar el contenido del informe.

Jaime Far siempre ha negado estas acusaciones. También él compareció en el Parlament y se mostró sorprendido ante la contundencia del escrito de la Sindicatura. Defendió su gestión ante los diputados, negó haber incumplido las normas de contratación y su política de personal. Recordó las condiciones en las que montó la Oficina, él solo en el Parlament, y detalló que este hecho hizo que durante meses él fuera el único órgano de contratación de la entidad, algo no contemplado en buena parte de la normativa.

Parcialidad

En su comparecencia el director de la Oficina llegó a acusar de «parcialidad» a los responsables de la Sindicatura y para ello se basó en informes previos de este mismo organismo sobre otras instituciones. Insistió en que las supuestas irregularidades no eran más que defectos de forma administrativos.