El STEI denuncia que hasta 15.000 interinos sufren abuso de temporalidad

Miquel Gelabert, secretario general del STEI, explicó que «el exceso de temporalidad en el sector público es endémico, pero una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) del año pasado reconoce que, en el Estado español, se abusa de la contratación y de los nombramientos temporales. Esta sentencia se refiere a una directiva europea de 1999 y establece el fraude de ley que se produce con estas contrataciones de interinos para cubrir necesidades permanentes y estructurales. La directiva europea debía transponerse a la legislación en dos años y la Administración española lleva más de 20 sin incorporarla».

Gelabert añade que «la UE ya ha advertido de que convocar plazas en concursos oposición no soluciona la situación de estos trabajadores públicos ni garantiza la protección del personal que ha sufrido estos abusos de contratación temporal».

En este sentido, el STEI critica «la irresponsabilidad de numerosas administraciones públicas, sobre todo de ámbito local, que no han llevado a cabo ofertas ni convocatorias de procesos selectivos durante décadas, incumpliendo de manera flagrante la normativa básica de función pública. Por ello consideramos que para esta situación se requieren soluciones extraordinarias, urgentes y permanentes que permitan resolver este problema de gran magnitud y que no se vuelva a producir. La excepcionalidad de las circunstancias debería llevar a procesos de selección mediante concurso de méritos para así valorar de la manera más justa posible la profesionalidad, experiencia y voluntad de servicio público de estos trabajadores».

Para el próximo 18 de junio hay convocada a nivel estatal una huelga en todo el sector público para exigir soluciones y que no se aprueben nuevas ofertas públicas de ocupación mientras no se resuelva esta situación.

Una interinidad que llega al 80 % en el IMAS

El sindicato recordó el alto porcentaje de interinidad del sector público (local, autonómico y estatal) de Balears, que podría oscilar entre el 30 y el 35 %, pero con niveles mucho más altos en instituciones como el Consell de Mallorca, con un 50 %, y en su Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), que llega al 80 %.