El auto denuncia además la falta de colaboración de determinados organismos: «Se han tenido que utilizar instrumentos coercitivos previstos en la norma procesal para obtener determinada información de entidades con obligación de colaborar con la Justicia» y advierte que «se conocerá en toda su extensión al levantar el secreto de las actuaciones».
Mora enumera la ingente cantidad de documentos que analiza la Guardia Civil y que supone cerca de 100.000 folios, además de 1,34 terabytes de archivos que fueron intervenidos en los registros en la Autoritat del pasado mes de julio. Además, se incautaron diez teléfonos móviles, que han tenido que ser enviados a Madrid para hacer el volcado de su contenido. A esto se suma que, al menos uno de los investigados borró parte del contenido de estas conversaciones, lo que obliga a los agentes de la Guardia Civil a cotejar cada conversación con otro terminal.
Hechos complejos
A la «complejidad y diversidad» de los hechos que se investigan y el «elevado número de personas implicadas en la comisión de los mismos», la magistrada suma otro elemento para justificar la tardanza, la limitación de recursos: «Todo ello hace que el avance en la investigación y la identificación de todos los presuntos responsables se demore en el tiempo». También deja clara la resolución que las detenciones de la cúpula de la Autoritat, entre ellas las de su antiguo presidente, Joan Gual de Torrella, se precipitó, «por razones sobrevenidas al curso ordenado de la investigación».
Esa intervención se avanzó por la sospecha de que algunos de los investigados disponían de información sobre la causa y desembocó en los registros en las sedes de la APB de Palma, Eivissa y Maó, además de varias empresas. Una persona fue detenida por esa supuesta revelación de secretos.
Las prórrogas del secreto de las actuaciones han sido refrendadas en cinco ocasiones por la Audiencia Provincial ante otros tantos recursos presentados por las defensas. Precisamente, a raíz de un error en la fecha de la prórroga que contiene el último auto, una de ellas ha pedido acceder a la causa. En la parte dispositiva del auto se indica que la prórroga mensual expira el 8 de marzo y no el 8 de abril.
2 comentarios
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Miquel Ferru, al final ya sea aquí o en Madrid sin autonomías como dices, necesitas el personal para gestionar un territorio, si ya cuesta arreglar cosas en persona imagínate por teléfono...
En los tiempos que algunos hemos conocido, cuando las comunicaciones oficiales eran por escrito por medio de "oficios", con menos palabras, poco papel y muchas menos dilaciones que ahora la Administración era más ágil, y estaba menor sujeta a las ocurrencias de personajes nombrados a dedo. La Administración Insular conectaba directamente con los Ministerios de Madrid sin depender de tantos escalones intermedios, aunque enviara copia en papel carbón a los Delegados Provinciales. Y esto desde ¡1856 ! Los Whatsapp son chismorreos y no decisiones administrativas, pero pueden revelar muchas cosas, claro. La primera e indudable es que se ha perdido mucho tiempo escribiéndolos y leyéndolos. Es urgente- en mi opinión- recalibrar y adelgazar todo ese embrollo de las Autonomías, aunque no todo haya sido malo.