La presidenta Francina Armengol se mostró dispuesta a que una auditoria externa analice la gestión de la COVID-19 que han hecho los gobiernos, tanto el estatal como el autonómico. «No hay ningún problema», respondió Armengol a Patricia Guasp (Cs), que le preguntó sobre este asunto durante el tiempo de control al Govern que abrió el pleno.
«Este Govern estaría dispuesto a someterse a ella porque confía en su gestión, en que la toma de decisiones se ha hecho en base a criterios técnicos y epidemiológicos y confía en el sistema de Salut de las Islas para el que se han contratado 2.300 profesionales, 900 nuevos durante esta crisis y se han incorporado rastreadores», dijo para añadir que «las cosas siempre se pueden hacer mejor».
En realidad, la diputada le preguntaba inicialmente sobre la petición efectuada en este sentido al Gobierno estatal por diferentes expertos, entre ellos el científico mallorquín Joan Carles March.
La presidenta dijo que estaba de acuerdo y añadió que también sometería a análisis la gestión en Baleares. Durante la sesión se plantearon varias preguntas relativas a la pandemia, y también a las derivadas de lo que ocurre en las residencias de gente mayor pero la consecuencia directa más allá de las declaraciones es que el pleno validó –con el voto de los partidos de la izquierda que apoyan al Ejecutivo– el decreto que da facilidades a la empresas para «impulsar la actividad económica. En líneas generales, se suprimen trámites que afectan a diferentes sectores (el decreto modifica varias leyes) y se dan facilidades para ampliar plazas de hoteles.
El debate fue farragoso y, por momentos, se centró en cuestiones técnicas aunque este asunto dividió a los partidos del Govern e hizo que Més per Menorca se desmarcara. Las diferencias políticas se fueron resolviendo durante la tramitación y el texto llegó bastante trillado pese a que se mantuvieron centenares de enmiendas. Lo fundamental es que los hoteles podrán ampliar plazas aunque no mediante la fórmula inicialmente prevista: una declaración responsable. Tendrán que esperar a que se conceda una licencia y los consells también jugarán su papel.
La ampliación, que era primero de 15 %, se queda en un 10 %. Las agilización de medidas afecta a otros sectores. También se suprime burocracia para impulsar nuevas empresas. A la oposición le parece insuficiente.
El líder del PP pregunta por los okupas
Company (PP) reclamó medidas frente a los okupas. «No haga demagogia ni asuste a la gente, porque bastantes problemas tenemos con la crisis sanitaria y económica», le respondió. Según Company, «si hubieran entrado en su casa no pensaría igual». Preguntó si está con los derechos de los propietarios o de los otros como «sus socios de Podemos».
El vicepresidente del Govern y juez en excedencia, Juan Pedro Yllanes, se molestó con Company y le abroncó después que éste insinuara que Yllanes apoyaba los derechos de los okupas sobre los de los demás. Foto: PERE BOTA
Muy bien el cambio de actitud de la presidenta. Una auditoria pedimos también por todas las obras en puertos que pretende su mano derecha marc pons.
Especialmente en Fornells
3 comentarios
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No te cap problema, sa auditoría la fara una "empresa amiga".
Serán folios en blanco...
Muy bien el cambio de actitud de la presidenta. Una auditoria pedimos también por todas las obras en puertos que pretende su mano derecha marc pons. Especialmente en Fornells