Francina Armengol y Rosario Sánchez, con la ministra Nadia Calviño

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El Govern lleva años encerrado en la eterna pescadilla que se muerde la cola cuando se habla de deuda, pero esa pescadilla del año que viene vale 1.500 millones de euros. Es el dinero que deberá pedir prestado el Govern para poder pagar las amortizaciones de deuda que le tocan el año que viene. El plan de amortización establece que el Govern deberá devolver 1.491 millones en 2020, pero como no dispone de ese dinero, no le queda otro remedio que pedir esa misma cantidad para poder pagar sus deudas.

Balears lleva una década metida en este bucle de deuda y lo que sucede el año que viene no sería una novedad si no fuera porque en 2020 se produce un pico importante, ya que se suma el vencimiento de dos emisiones de deudas extraordinarias, según explica un portavoz de la Conselleria d'Hisenda.

Emisiones extraordinarias

Además de la deuda habitual, unos 1.000 millones de euros, el año que viene toca devolver dos emisiones de deuda extraordinarias. Una de ellas, de 300 millones, se concertó en 2010 y su validez era de 10 años. Esta emisión se hizo, por tanto, en el segundo Govern de Francesc Antich. A esta cantidad se suman otros 150 millones que se emitieron en 2005, a 15 años vista. Fue durante el segundo mandato de Jaume Matas.

Hay otro elemento relevante en el análisis de las amortizaciones del año que viene y es a quién se devolverá esa deuda. Más de la mitad, 875 millones, se tendrá que pagar al Gobierno central en concepto de pago de parte de lo recibido dentro de los mecanismos de financiación y de pago a proveedores. Este mismo año habrán devuelto otros 740 millones de euros y el calendario que maneja el Govern establece que la deuda total no terminará de pagarse hasta el año 2028.

Los mecanismos de financiación extraordinaria a las comunidades autónomas se pusieron en marcha en el año 2012, lo que significa que el Govern tardará 16 años en devolver todo lo que debe a los gobiernos de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez.

La amortización que se tendrá que pagar el año que viene triplica el dato del año 2012, en el que comenzaron a recibirse los mecanismos de financiación a las comunidades.