Los hechos se remontan al año 2007, fecha en la que se celebraron elecciones autonómicas. El PP y el resto de partido presentaron a la Sindicatura de Comptes un detalle de todo el dinero gastado en la campaña para poder cobrar la correspondiente subvención electoral. El PP recibió una subvención de 497.504 euros por los gastos comprometidos.
Años después, quien entonces era gerente de la formación, Fernando Areal, confesó que una parte de los gastos de esa campaña electoral se pagaron en B, es decir, hubo financiación ilegal. Areal fue condenado por haber manipulado las cuentas del partido y la sentencia señalaba que el PP fue beneficiario directo de estas ilegalidades.
Acuerdo del Consell de Govern
A raíz de esta sentencia, el Parlament encargó un informe a la Sindicatura de Comptes para que determinara qué parte de la subvención que cobró el PP de aquella campaña era fraudulenta ya que el gasto de los ‘populares' fue ilegal. Tras el informe de la Sindicatura, el Consell de Govern acordó reclamar al PP la devolución de esa subvención que no debía haber cobrado. El PP recurrió y ahora el TSJIB da la razón al Govern. El TSJIB niega que la decisión del Govern haya sido parcial, como argumentaba el PP. «Falsear las contabilidad del partido en orden a obtener una subvención produce sus consecuencias, no solo en el ámbito penal, sino también en el administrativo», señala la sentencia, que añade que esa conducta «no puede ser ignorada por la Administración».
El TSJB da la razón al Govern al considerar que el PP, y no solo su gerente, es responsable de esta conducta. Señala que las declaraciones de Areal «obligan» al partido ya que era el beneficiario de su actuación. «La gestión de los recursos públicos exige que se hagan las correcciones que convenga para ajustar la subvención».
El tribunal rechaza además el argumento de «indefensión», que también esgrimía el PP en el escrito del recurso. Precisa que el partido quiso personarse en la causa como acusación particular y no se le admitió porque no se daban las condiciones, «pero pudo defender su posición desde otras posturas procesales y no lo hizo, por lo que debe estar y pasar por el resultado de su propia decisión».
Depósito en previsión
El Govern podrá cobrar de inmediato esta cantidad ya que otro acuerdo de un juez obligó a los ‘populares' a dejar esta cantidad en depósito en previsión de que la sentencia fuera desfavorable. El dinero lo depositó la dirección nacional de los ‘populares' por orden de su secretario general, Teodoro García Egea, ya que la reclamación llegó a la dirección del PP en la calle Génova.
La petición de devolución del Govern estuvo precedida por una sonado discrepancia económica entre la Sindicatura de Comptes y el Consell Consultiu, que rebajó sensiblemente la cuantía. El TSJB considera que debe devolverse el doble de la cuantía defraudada, más los intereses. El dinero defraudado fue de 71.985 euros que doblado supone 143.916 a los que deben sumarse intereses hasta los 252.176 euros finales.
3 comentarios
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Que ilegalitzin d'una vegada aquest partit politic es una lacra per els ciutadans.
¿y porque les tenemos que pagar nosotros la campaña electoral?
ke raro.. que els facin tornar els doblers i ningu al torna , ara começam a anar be..