La mitad de las VPO que ha inspeccionado el Govern se utilizan de forma irregular

La mayor parte del fraude detectado responde a alquiler ilegal del piso, que en al menos un caso era además alquiler a turistas. La legislación marca que estas viviendas compradas gracias a las ayudas oficiales, con subvenciones públicas, deben destinarse a residencia habitual. No pueden alquilarse si no es con la autorización expresa del Govern, algo que no sucedía en estos casos.

Alquiler ilegal

Además del alquiler ilegal de la vivienda, los inspectores también ha levantado actas porque los propietarios han ocultado la condición de VPO del piso o porque, aunque estaban alquiladas de acuerdo con la legislación, no habían depositado la fianza correspondiente.

El Govern recuerda que las viviendas protegidas en propiedad solo se pueden alquilar en casos excepcionales, por ejemplo, por ausencia motivada del propietario por motivos laborales, familiares o por enfermedad. Además, el precio del alquiler no se decide libremente sino que queda fijado por la Administración, que además lo ha de autorizar.

Hasta la fecha, los expedientes abiertos responden a faltas que se consideran graves o muy graves. Las graves pueden ser sancionadas con multas que van de los 3.000 a los 30.000 euros, y las muy graves pueden llegar a los 90.000 euros. De hecho, el propietario de la vivienda que hace un uso irregular del inmueble se arriesga, en última instancia, a perder la titularidad de la vivienda.

Fin a la especulación

El Govern quiere poner mano dura en esta materia porque recuerda que los propietarios de los pisos los compraron a precios muy ventajosos gracias a la ayuda económica de las Administraciones, por lo que ahora no pueden hacer negocio con estos bienes. De momento, las inspecciones se están desarrollando de forma más intensa en Mallorca y en Eivissa, que es donde se ha detectado problemas de acceso a la vivienda por el aumento del precio de venta.