El año pasado se alcanzó un récord de matriculaciones en las Islas, según el informe de Agencia Tributaria, aunque, por primera vez, descendieron las adquisiciones de vehículos diésel

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Ir en contra de la ley de cambio climático de Balears no va a salir gratis. El proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que debe iniciar su tramitación parlamentaria, prevé multas de hasta 3.000 euros para los particulares que entren coches y motos diésel a Balears a partir del 2025, año en que se prohibirá la entrada de estos vehículos a las Islas, aunque sí estará permitida la circulación de los ya existentes. La sanción será la misma a partir de 2035 para los vehículos de gasolina y la prohibición se extiende a furgones y furgonetas contaminantes.

De acuerdo con el proyecto de ley, que el Consell de Govern aprobó el pasado 24 de agosto, la circulación de vehículos contaminantes en Balears en contravención de lo que dispone la propia ley por parte de particulares será considerado infracción leve, que estarán sancionadas con amonestación pública o una multa de entre 300 y 3.000 euros. Así, los ciudadanos que entren con sus vehículos diésel a las Islas a partir de 2025 no recibirán de inmediato una sanción económica. Además, el sistema sancionador contempla que, en caso de infracción, en primer caso se debe advertir y realizar un requerimiento y, solo después de este procedimiento, se iniciará la tramitación para sancionar.

Afectados

Hay que recordar que esta prohibición no afecta a los vehículos matriculados en las Islas. Es decir, un residente que salga con su vehículo de Balears a partir de 2025 para un viaje no tendrá problemas para volver a entrarlo. En cambio, un ciudadano de la Península o extranjero, cuyo vehículo no esté matriculado en Balears, no podrá entrar con éste a las Islas a partir de 2025 si es diésel. Ocurrirá lo mismo con los de gasolina a partir de 2035.

Sin embargo, en caso de que la entrada de estos vehículos contaminantes a las Islas se lleve a cabo en masa por empresas dedicadas a la venta o al alquiler de vehículos la multa será superior. En este supuesto la infracción no será leve, sino grave, cuyas sanciones oscilarán entre los 3.000 y los 30.000 euros.

Además, el proyecto de ley sostiene que la reincidencia de las infracciones las hace aumentar de categoría. La más elevada es la muy grave, que prevé multas de hasta 200.000 euros. Asimismo, se contempla que al margen de la imposición de la multa económica, y dadas las características de los hechos o su repercusión en la ejecución de las actuaciones de lucha contra el cambio climático, la Administración podrá proceder a la inmovilización de vehículos o de maquinaria por un periodo no superior a un año y a la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears de la identidad del sujeto infractor y de la sanción impuesta.