La Mesa Sectorial aprueba el decreto del catalán en la sanidad

El proyecto de decreto ha sido rechazado por el Sindicato Médico (Simebal), que considera que el título de catalán solo puede ser evaluado como mérito y nunca como requisito, y por el CSIF, que cree discriminatorio el trato a los administrativos del Ib-Salut respecto a los sanitarios.

«Hemos llegado a buen puerto», ha celebrado tras la reunión con los representantes de los trabajadores el director general del Ib-Salut, Juli Fuster, que ha cifrado en el 65 % el respaldo obtenido por su propuesta en la Mesa Sectorial.

Fuster ha puesto el acento en que el acuerdo desbloquea la convocatoria de oposiciones para todos los niveles de la sanidad pública del archipiélago, que podrían comenzar a celebrarse el próximo otoño.
El Govern prevé tramitar de urgencia el decreto, sobre el que tiene que emitir un informe no vinculante el Consell Consultiu, y calcula que podrá aprobarlo en un máximo de dos meses, por lo que convocaría las oposiciones antes del verano y los exámenes de las diferentes categorías se irían celebrando paulatinamente en los últimos meses de 2018 y los primeros de 2019.

Jorge Tera, secretario general del sindicato más representativo del sector, el de enfermería SATSE, ha resaltado que, aunque no es el «modelo» que propugnaba su organización, ha votado a favor del decreto porque levanta «los obstáculos» planteados inicialmente, cuando se pretendía que el conocimiento de catalán fuera condición necesaria para opositar.

Además, la rebaja del nivel exigido en el anterior borrador de decreto y la garantía de que «nadie perderá la plaza» por no cumplir la obligación teórica de acreditar un determinado conocimiento de catalán han decidido al SATSE a apoyar la propuesta del Ib-Salut.

El futuro decreto contempla que los médicos y enfermeros tendrán que tener la titulación de catalán B1 (elemental) y los auxiliares de enfermería el nivel A2 (básico).

Los que ganen una plaza en las oposiciones sin tener de partida esos grados de conocimiento tendrán dos años para alcanzarlos y si no lo hacen tendrán restringidos los traslados y el acceso a la carrera profesional.
Quienes ya tengan reconocido su derecho a la carrera profesional, que supone el acceso a una serie de pluses, no estarán sometidos a estos requisitos.

El secretario general de Servicios Públicos de UGT, Miguel Ángel Romero, se ha congratulado de la bajada de niveles conseguida pero ha lamentado que a los administrativos, que se rigen por un régimen diferente del resto de trabajadores del Ib-Salut, no se les den más de dos años para equipararse con quienes hacen funciones similares en el resto de la administración autonómica. También ha celebrado que el nivel que se solicitará a los celadores se haya rebajado al A2.

Igualmente se ha quejado de la situación de los administrativos Guillem Vila, del CSIF, que ha considerado discriminatorio el trato que sufren y ha basado en esta consideración su voto en contra.
El voto negativo de mayor peso por su representatividad ha sido el del Simebal, cuyo portavoz hoy en la Mesa

Sectorial, Ramón García, ha resaltado que la exigencia de la lengua propia distingue a la sanidad balear de la del resto de comunidades y la ha considerado un obstáculo para solventar la «gran falta de personal» de los servicios de salud autonómicos.

La secretaria autonómica del Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE), Francisca Galmés, ha apoyado el decreto y ha justificado que se limite el acceso a la carrera profesional de quienes no saben catalán, porque ese sistema de mejora económica «es un compromiso que el trabajador adquiere con la administración».