La Sindicatura analizará la legalidad de los complementos que cobran los funcionarios

La Sindicatura ya ha comenzado a solicitar información a las conselleries y a las demás empresas públicas sobre los gastos de personal de la CAIB, del IB-Salut y de la Agència Tributària. En su plan normativo para este año, el organismo señala que se trata de revisar todos los conceptos retributivos complementarios para determinar el «apoyo legal o normativo» de cada uno de los conceptos. «Para los casos en los que sea aplicable, se tendrán en cuenta los informes de control financiero que ha emitido la intervención general de la Comunitat correspondiente a 2016 en cuanto a los gastos del personal del IB-Salut», señala este documento.

El caso del IB-Salut
Es en esta entidad donde han proliferado pluses que no tienen ningún respaldo en la legislación autonómica ya que muchos de ellos responden incluso a «pactos privados». El propósito de la Sindicatura es recomendar al Govern que ponga orden en una materia que ahora mismo está descontrolada.

El informe detallará qué complementos cobran los funcionarios, todos y cada uno de ellos, e incluirá una serie de recomendaciones. Las fuentes consultadas aseguran que no se podrá sugerir la eliminación de los complementos ya que cualquier funcionario afectado podría llevar al Govern a los tribunales y ganar.

La propuesta será que se regularicen los que ya existen, dándoles amparo en la legislación de la Comunitat, y que no se vuelvan a crear nuevos complementos que no están incluidos en una ley concreta. La situación de alegalidad de estos complementos se debe a que los acuerdos adoptados en las respectivas meses de negociación no se han trasladado después a una norma específica.

El caso de la carrera profesional, por ejemplo, es emblemático. El Govern pagará el año que viene el cien por cien de este complemento y así lo recoge en la Ley de Presupuestos, sin embargo, los tramos que ha ido pagando el Govern hasta la fecha son frutos de pactos con los sindicatos en las mesas de negociación.

La Sindicatura considera imprescindible que se ponga orden y de ahí la voluntad de hacer el informe de control de legalidad. La recogida de datos ya ha comenzado y la previsión es que esté listo a principios de año.