Se trata de que las 68.000 personas de las islas que viven con algún tipo de discapacidad puedan interactuar de manera «plena y efectiva» en el acceso y la utilización de los espacios públicos, edificaciones, transporte, de los productos, servicios y de la información y las comunicaciones, según recoge el propio texto.
«Es una ley de todos y de todas que nos implica a todos, el consenso logrado es una garantía» para su aplicación, ha afirmado hoy el conseller del Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, con ocasión de su intervención para defender esta iniciativa del Govern balear.
Pons ha manifestado que como sociedad «debemos ser exigentes» y «cambiar las reglas del juego» para que no existan barreras y ha subrayado que, a día de hoy, esas 68.000 personas tienen más dificultades que el resto de ciudadanos para moverse por la ciudad, ir al médico, coger el transporte público, seguir la información o para ir a comprar.
La ley no solo contempla la discapacidad física, sino también la auditiva, táctil, visual, intelectual, mental o sensorial.
Esta ley, ha explicado el conseller, establece el marco normativo que «garantiza» la igualdad entre los ciudadanos y «nos permite avanzar hacia una sociedad inclusiva y accesible, con autonomía plena de todas las personas».
El propósito de la ley es «eliminar los obstáculos que aún persisten», ha comentado el conseller, que ha explicado que, además de eliminar barreras arquitectónicas, se regula la accesibilidad en los ámbitos público y privados y en el acceso a los medios de transporte.
Tras el debate celebrado en el Parlament se ha procedido a la votación de algunas enmiendas que aún quedaban vivas y que no han sido aceptadas, aunque todos los partidos han apoyado con su voto prácticamente todo el articulado.
Pons ha dejado claro que las administraciones públicas deben ser las «primeras» en cumplir con esta ley y garantizar que sus servicios de información sean accesibles a todos.
La ley recoge normativa precisa la accesibilidad a los espacios y edificios públicos y privados, los de nueva construcción, los sistemas de transporte, los productos y prestadores de servicio y a la comunicación y transmisión de información.
Además, las actividades culturales, de ocio o deporte, como actos públicos, conferencias, cine, teatro, visitas guiadas o competiciones deportivas deben prever las condiciones de accesibilidad, incluso para las personas que discapacidad sensorial para que puedan disfrutar de las mismas y puedan participar.
La ley establece que en las futuras promociones de vivienda se exige una reserva del 4 % de viviendas para personas con discapacidad, tanto en promociones públicas como privadas.
El texto tipifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con sanciones de 300 a 300.000 euros. Las leves alcanzan hasta los 6.000 euros, las graves hasta los 30.000 y las muy graves hasta los 300.000 euros.
Esta iniciativa se ha producido entre un gran consenso de los partidos políticos para mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas.
2 comentarios
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Si, Xuno, sí. Seguro que como siempre y para dar ejemplo la administración será de los primeros en ponerlo bien. Y si ven la posibilidad apremiante de darle el trabajo a un amigo con el pretexto de que no podemos incumplir la ley aun serán más rápidos… en hacer una chapuza de proporciones épicas.
Supongo q,la administracion y ayuntamientos,seran los primeros en ponerlo en condiciones ,o solo la ley afecta a los demas como siempre en españa.