Cladera se ha reunido en Madrid con los secretarios de Estado de Función Pública, Elena Collado, y de Presupuestos y Gasto, Alberto Nadal, a quienes ha planteado las demandas básicas de Baleares para los próximos presupuestos del Estado.
Cladera ha recordado que Baleares ha sido la penúltima en inversión estatal por cápita entre las comunidades autónomas este año con 146,9 euros por habitante, frente a la media de 288,9, una tendencia que se ha mantenido en la última década.
Aunque el Estatuto de Autonomía de 2007 reconocía este déficit inversor y establecía como corrección la llamadas inversiones estatutarias, que debían alcanzar 2.400 millones entre 2007 y 2014, Cladera ha recordado que ese dinero solo llegó parcialmente en 2009 y 2010.
Cladera ha pedido que la cuantía de 80 millones de carreteras que debía llegar en 2016 sea exigible en 2017 y 2018.
La consellera ha explicado que las medidas aprobadas desde 2010 para reducir el gasto en la contratación pública han tenido el efecto «contrario» porque se buscan fórmulas alternativas como la interinidad.
La necesidad de equiparar los derechos de funcionarios interinos y de carrera, fijada por varias sentencias en el ámbito español y europeo, crea una situación de inestabilidad en la gestión de los recursos humanos públicos en la CAIB y otras administraciones, como ha ocurrido tras la sentencia del TSJIB sobre el rol de los interinos dentro de las plantillas de Policía Local en Baleares.
Como medida alternativa, de manera transitoria ha pedido que pueda haber convocatorias de oferta pública de empleo a partir de las plazas no publicadas o de las oposiciones no convocadas en años anteriores, calculadas a partir de las tasas de reposición vigentes en cada momento. «Esto no resolvería el problema de cara al futuro, pero abriría la puerta para hacerlo, para devolver a la normalidad», ha dicho Cladera.
También se ha abordado en la reunión la distribución de los fondos europeos entre comunidades, tras la ampliación que prevé hacer Bruselas. El Govern balear estima que, según el cálculo sugerido por Europa, las islas deben obtener unos 40 millones de euros.
