La futura ley de accesibilidad obligará a eliminar barreras en transportes y comunicación

La presidenta ha dado a conocer a los miembros del Consejo Asesor para la Mejora de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras Arquitectónicas el texto del anteproyecto de la futura ley balear de accesibilidad universal, que incorpora ideas de los miembros del Consejo Asesor.

El objetivo de esta futura ley, ha afirmado la presidenta, es dotar la comunidad autónoma de las Illes Balears de una norma que garantice «la autonomía personal de todos y cada uno de los ciudadanos en todos los ámbitos, con independencia de su situación vital».

Armengol ha destacado que la futura ley de accesibilidad es «valiente y ambiciosa» y pretende convertirse en el marco normativo que «nos permita avanzar desde la accesibilidad física a la accesibilidad universal, pasar de la concienciación a la acción y de la voluntariedad a la exigibilidad de la eliminación de todo tipo de barreras».

Además de la eliminación de barreras arquitectónicas, la futura norma regula también la accesibilidad en otros ámbitos para que «todo el mundo» tenga garantizado el acceso a los servicios, a los medios de transporte, a los productos, a la información y a las comunicaciones. La presidenta ha insistido en que «sólo así podremos hablar verdaderamente de accesibilidad universal».

El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha explicado algunos detalles de la futura ley de accesibilidad universal y ha recordado la necesidad de una mayor implicación, con medidas concretas, de todas las instituciones -Govern, consells y ayuntamientos-, para que el contenido de la norma se traslade al día a día de todo el mundo.

Pons ha destacado que el nuevo texto tiene como objetivo favorecer al máximo la autonomía personal de todos los ciudadanos. «Hemos superado el debate de las barreras arquitectónicas, lo que ahora presentamos es una visión transversal que afecta al acceso con normalidad a los entornos físicos y también a la información», ha remarcado.

Asimismo, también ha destacado que esta ley irá vinculada a un régimen de sanciones de entre 300 y 300.000 euros, en función de la gravedad de las infracciones cometidas.

El texto incluye un plazo máximo de un año para el desarrollo de los reglamentos necesarios que tienen que permitir la aplicación efectiva de lo que establezca la ley.