El juez señala a José María Rodríguez como el artífice de la «estructura corrupta» de la Policía Local de Palma

En un auto de prisión preventiva dictado el pasado febrero para uno de los agentes investigados en la presunta trama de corrupción en el cuerpo policial de Palma, el juez detalla que se filtraron los exámenes de oposición a oficial que se hicieron en mayo de 2012 con el objetivo de «crear una estructura corrupta» para actuar con impunidad y «al servicio de determinados políticos y su partido».

Según el juez, «el artífice en la sombra del organigrama corrupto que se pretendía organizar» mediante la filtración de exámenes y con los nombramientos para determinados puestos «sería José María Rodríguez», a quien achaca que «pretendía indiciariamente rodearse de un grupo de agentes a quienes se les facilitaría la colocación y ascenso en el escalafón policial».

Cuatro de los agentes investigados por «hechos gravísimos» en ese caso se reunieron con Rodríguez en la sede del PP, según un testigo protegido que ha declarado en la causa, lo que en opinión del juez «corrobora indiciariamente el carácter criminal del organigrama ideado por Rodríguez, ajeno completamente a la profesionalidad y méritos que cabe esperar y desear de los mandos policiales».

Según figura en el auto, incluido en la parte del sumario sobre la que el juez levantó este miércoles el secreto, un testigo protegido explicó que, en las reuniones para organizar el organigrama de la Policía Local de Palma, al que solo incorporarían personas afines al PP, participaban Rodríguez, el entonces coordinador municipal y concejal Álvaro Gijón y el que era director general de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Enrique Calvo.

Esas reuniones con agentes habrían tenido lugar antes y después de las elecciones de 2011 y el testigo dio detalles sobre las salas de la sede del PP donde se celebraban, incluido el despacho de Rodríguez.

Según el juez, el ascenso en el escalafón policial «iba íntimamente ligado a un indeseable servilismo a favor de los intereses de determinados políticos» y era «ajeno al digno, leal y correcto ejercicio de la función policial».

El sumario recoge también la declaración de un policía integrado en el Grupo de Actuación Preventiva (GAP) que señala que los miembros de la unidad 2 actuaban de forma autónoma en la Platja de Palma y «alardeaban de sus contactos políticos» y de estar protegidos por el PP.

Relató como siendo Rodríguez delegado del Gobierno, cargo que ocupó de diciembre de 2011 a julio de 2012, llamó a uno de los policías presuntamente corruptos y le ordenó actuar contra la venta ambulante en el centro de Palma, lejos de su zona de intervención habitual. Este testigo contó también que vio como el líder del PP de Palma y ese agente se abrazaban «como si fuesen amigos íntimos».

También explicó al juez que en otra ocasión escuchó como uno de los policías imputados se vanagloriaba de la protección del concejal del PP Álvaro Gijón: «Mientras que esté el enano en Cort a nosotros no nos van a tocar».

El magistrado añade en otro auto del sumario que otras líneas de investigación corroboran que algunos miembros de la Patrulla Verde y empleados del Ajuntament han sido presuntamente utilizados como instrumento «al servicio de las turbias maniobras del señor Rodríguez», de manera que los empresarios que no se sometían a sus finalidades eran presionados mediante inspecciones y denuncias injustificadas.

En el auto de prisión preventiva de otro de los policías investigados, el juez se refiere a un subinspector que disfrutaba de prebendas en locales de ocio por favorecer a un determinado grupo empresarial y era quien decidía qué establecimientos tenían patente de corso y a cuáles inspeccionar hasta agotarlos y conseguir su cierre.

Ese policía daba instrucciones desde los clubes de alterne, donde «estaba instalado» y pasaba horas estando de servicio, y se le toleraban excesos porque «estaba muy metido en el Partido Popular, aportaba o sufragaba gastos», según declaró un testigo protegido que explicitó que su conexión con el PP era José María Rodríguez, a quien acompañaba en los congresos de la formación política.

El subinspector está investigado por presuntos cohecho, asociación ilícita, organización criminal, uso de información privilegiada, malversación y falsedad, delitos penados con entre 3 y 8 años cada uno.