Entre ellos están la recaudación de tributos cedidos como el impuesto de patrimonio, el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y el de sucesiones y donaciones, informa en un comunicado la ATIB.
También se encuentran los trámites sobre los tributos propios, como el canon de saneamiento, la tasa del juego y el futuro impuesto sobre estancias turísticas por el impulso del turismo sostenible, que tiene prevista su entrada en vigor para el próximo 1 de julio.
El buzón funciona a través de una remisión por correo ordinario dirigida a la directora de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares, o rellenando un formulario que está en la página web www.atib.es.
El denunciante que comunique una posible conducta fraudulenta de la cual tenga constancia, verá preservada su identidad bajo la promesa de confidencialidad.
Además, quien presente una instancia en el nuevo buzón no podrá obtener ninguna información de la ATIB en referencia al objeto de su denuncia, y no se considerará como sujeto interesado en el hipotético caso de la apertura de diligencias administrativas. Tampoco estará legitimado para la interposición de recursos o reclamaciones en relación a los resultados obtenidos en el expediente abierto.
El buzón de denuncias tributarias ya en marcha es una de las 60 medidas contenidas en el Plan Antifraude 2016-2019, a través de las que se hace una apelación a la conducta cívica de los ciudadanos de Baleares para la erradicación de conductas lesivas para el bien común, y por la adecuada distribución de las cargas fiscales correspondientes al total de la población de forma legal, justa y equitativa.
La directora de la ATIB, Maria Antònia Truyols, considera que la creación de este mecanismo de «corresponsabilidad» para ayudar a la detección del fraude es «un deber social» dado que «el fraude supone una pérdida de riqueza para el conjunto de la sociedad».
Las medidas contenidas en el Plan Antifraude pretenden aumentar la detección de bolsas de ineficacia tributaria en el ámbito de los tributos cedidos y propios hasta 10 millones de euros suplementarios en 2016.
En 2015 la liquidación de los impuestos y tasas bajo gestión autonómica ascendieron a 668 millones de euros, con un incremento del 18,2 % sobre la cifra de 2014, debido en gran parte a la mejora del ciclo económico y al comportamiento de las transmisiones patrimoniales, principalmente por el aumento del volumen de las transacciones inmobiliarias.
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