Las leyes que se encuentran en esta situación de indefinición legal, valga la contradicción, son la de Caza y Pesca Fluvial, la de Medidas Urgentes en Materia de Movilidad Interadministrativa, la de Coordinación de Policías Locales, la de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura, la de Régimen Jurídico de Instalación, Acceso y Ejercicio de Actividades y la de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias.
A estas leyes se suma, además, la de Ordenación Minera, que se encuentra recurrida en el Tribunal Constitucional, y la de Comercio, que tuvo que ser modificada deprisa y corriendo por el Govern de Francina Armengol después de que el Gobierno la llevara inopinadamente al Alto Tribinal.
Son sólo una parte de las 16 leyes sobre las que el Gobierno central presentó pegas al considerar que algunos de sus artículos eran inconstitucionales. En la mayoría de los casos, el Govern terminó modificando la ley a través de otra ley y en otros hubo lo que se conoce como un «acuerdo de interpretación», que significa que ambas administraciones pactan cómo interpretar la ley.
Sin embargo, quedan seis leyes sobre las que pesa la amenaza del Constitucional y siguen sin cambiarse. El nuevo Ejecutivo no tiene aún decidido qué hacer con estas leyes, ya que en algunas está de acuerdo con la visión del Gobierno central, y por lo tanto quiere cambiarlas, pero en otras la cosa no está tan clara.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Menorca - Es diari
De momento no hay comentarios.