La Guardia Civil se encuentra analizando, entre las decenas de adjudicaciones públicas presuntamente efectuadas a cambio de tratos de favor y comisiones y que se encuentran en el punto de mira de la denominada 'Operación Púnica', un contrato de 770.000 euros otorgado en 2009 por el Consell de Mallorca a la empresa sobre la que pivotaba la supuesta trama de corrupción, Cofely, según han informado fuentes jurídicas.
En concreto, se trata de un expediente tramitado por el departamento de Hacienda e Innovación para el servicio de mantenimiento de las instalaciones, edificios y recintos de la Institución insular. El contrato fue adjudicado el 8 de octubre de 2009 a Cofelys España por un importe neto de 663.793 euros y de 770.000 con el IVA añadido.
Legalidad
La decisión de habilitar esa partida de dinero para proteger las instalaciones del Consell fue adoptada tras el 'cap de fibló' de 2007, que causó grandes daños en infraestructuras de Palma, según explicó ayer a Ultima Hora el exconseller insular de Hisenda Antoni Alemany. «Todo se hizo conforme a la legalidad. Al concurso se presentaron varias empresas y nadie recurrió la adjudicación a Cofely», explicó Alemany, quien se confesó «sorprendido» por la vinculación de esa sociedad, que habría desempeñado un papel clave en la trama de corrupción de la 'operación Púnica', con la conselleria de la que era titular.
Cofely, empresa filial de la multinacional francesa CDF Suez, era la compañía sobre la que «pivotaba gran parte de la trama» en la que el exconsejero y exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, detenido este lunes, hacía presuntamente la labor de conseguidor de adjudicaciones públicas a cambio del cobro de comisiones ilegales.
Aunque Granados llevaba al menos tres años fuera de la primera línea política, era la persona que conectaba a las instituciones públicas con los empresarios implicados en la trama. Sólo en los dos últimos años esta red defraudó 250 millones de euros.
En concreto, la Fiscalía Anticorrupción apunta a una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías «en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas».
Los políticos que presuntamente formaban parte de la trama desarticulada cobraban supuestamente comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas. De esta forma, según las primeras estimaciones barajadas por los investigadores y en atención al porcentaje que presuntamente habrían recibido por cada contrato, los imputados podrían haber obtenido unos ingresos que oscilarían entre los cinco y los siete millones y medio de euros.
La conclusión de los investigadores, por tanto, es que la trama tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a diferentes partidos y no la financiación de sus respectivas formaciones, según señalaron fuentes jurídicas.
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