Mónica GonzálezPalma25/08/14 0:00
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Balears es la comunidad con menor porcentaje de alumnos beneficiarios de las ayudas públicas para libros de texto: sólo un 19,2 por ciento, menos de uno de cada cinco de los escolares, según un informe de la Defensora del Pueblo que analiza estas ayudas entre los cursos 2008-09 y 2012-13. Como puede observarse en el gráfico, el porcentaje de alumnos beneficiarios, con respecto al número de estudiantes matriculados en cada autonomía, es muy alto en algunos comunidades, caso del 100 por ciento de Andalucía; el 84 por ciento de Castilla-La Marcha o el 81 por ciento de Aragón y Navarra. En otros casos, el tanto por ciento ronda el 50 por ciento o es menor, pero en ninguna es tan bajo como en Balears; de hecho, en penúltimo lugar está Melilla, con un lejano 31,9 por ciento.

Eso sí, el informe también revela que las Islas son la región que más había evolucionado en cuanto a estas ayudas entre los cursos 2008-09 y 2011-12, cuando se pasó de 7.911 beneficiarios a 25.067. Pero, un curso después, en el 2012-13, la cifra cayó hasta los 18.815 alumnos con ayudas. Pese a ello, la evolución entre los cinco cursos comparados es del 137,8 por ciento, el porcentaje más alto del ranking autonómico. «Eso indica que partíamos de la absoluta miseria y que hubo unos años buenos, en que se incrementó el número de alumnos beneficiados, pero en cuanto llegaron los problemas económicos, la decisión de este Govern no fue la de priorizar o mantener estas ayudas, como sí hicieron otras autonomías», explica el presidente de Fapa, Vicenç Rodrigo.

Otro dato que aporta el estudio de la oficina de Soledad Becerril indica que existen diferencias apreciables en el porcentaje con que ha participado cada comunidad en el presupuesto global (suma de las ayudas autonómicas y estatales) destinado a políticas de gratuidad de libros de texto. Balears aportó en el mencionado periodo el 2,1 por ciento, porcentaje muy lejano, de nuevo, del 20 por ciento andaluz o el 16,1 por ciento de Cataluña. Estas diferencias se explican tanto por el volumen de alumnado como por «la implicación en el desarrollo de los programas de ayudas y la voluntad más o menos intensa por parte de las autoridades educativas de lograr el objetivo de la gratuidad en las enseñanzas obligatorias», concluye el informe.