Esta iniciativa legislativa asegura el cumplimiento efectivo de la nueva normativa en materia de estabilidad presupuestaria y sustituye al texto refundido de 2005.
Algunas de las novedades importantes que incorpora el texto son los nuevos requisitos para las ampliaciones de crédito, que deben prever la financiación con la que se cubrirán.
También establece más control del Parlament balear en los gastos plurianuales del ejecutivo autonómico. Los gastos que se extiendan a ejercicios posteriores (plurianuales) que superen determinados umbrales deberán requerir la autorización de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara legislativa.
Además, se establece un nuevo concepto de gasto estructural para asegurar la financiación de determinados gastos, y se prevé que el remanente de Tesorería positivo se destinará a amortizar deuda.
Según ha destacado el conseller, la futura ley refuerza la transferencia de la gestión del gasto público mediante determinados preceptos que dan publicidad a ciertas «magnitudes financieras», como el período medio de pago a proveedores o las cuentas anuales y liquidación del presupuesto.
También se concreta una mayor definición del régimen de responsabilidades por la mala gestión de las cuentas por parte de los altos cargos y el personal que trabaja en el sector público.
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