Se trata de las dos grandes cadenas hoteleras, una serie de agencias de viajes y otros comercios más pequeños, como uno dedicado a la venta de trofeos deportivos, que son los más susceptibles de mantener algún tipo de contrato con la Administración autonómica. Antonio Diéguez explicó que la petición de documentación se ampliará en función de la respuesta del Govern.
Expedientes
El diputado socialista ha solicitado además a la lista de los expedientes que ha abierto la Conselleria de Turismo en los últimos años a las empresas turísticas que figuran en el listado La intención de Diéguez con esta petición es averiguar si alguno de los hoteles que figuran en la lista puede recibir algún tipo de trato de favor por facilitar descuentos a los militantes del PP. «Si detectamos que puede existir algún tipo de trato de favor, ya es una cosa más seria», afirmó.
Diéguez señaló que, desde el primer día, su partido está convencido de que los descuentos que incorpora la Targeta Blava puedes considerarse una donación indirecta. Si esto es así, los comercios incluidos en la lista no pueden contratar con la administración pública y, si lo hacen, estarían cometiendo una ilegalidad.
Es decir: ninguna de las empresas de la lista podría tener contratos con el Govern, según la tesis del PSIB, y de ahí la petición de documentación que ha hecho Diéguez.
Vigilantes
«Vamos a vigilar si las empresas que hacen descuentos a los militantes del PP se benefician después de algún tipo de contratación con el Govern», afirmó el diputado socialista. «Si la encontramos, actuaremos en consecuencia», añadió. Eso significa que pedirán al Govern que anule todos los contratos que pueda mantener con estas empresas del listado.
El PSIB sostiene que la presencia en el listado de empresas que harán descuento a los militantes del PP es incompatible con la posibilidad de contratar con la Administración, pero el Govern y el PP lo ven de forma radicalmente diferente. Tanto el propio president del Govern, José Ramón Bauzá, como el vicepresident, Antonio Gómez, han defendido en el Parlament la legalidad de la Targeta Blava. En respuesta a preguntas formuladas por la oposición, Bauzá y Gómez han asegurado que los descuentos no pueden considerarse en ninguno de los casos una donación encubierta. El propio president aseguró este martes que la Targeta es legal y censuró con dureza la campaña «política» emprendida por la oposición.
3 comentarios
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No se puede acusar a un comerciante de nada, por el simple hecho de hacer descuentos a miembros de una institución, como puede ser un partido político. Pero hay que reconocer que en una España con más de 1.600 casos de corrupción abiertos, muchos de ellos protagonizados por el PP, la cosa suena rara.
Los ciudadanos debemos saber quienes son estos comercios para no volver a comprar nunca mas ¡¡lo faltaba ya con estos peperos¡¡
Parece que lo más evidente en el uso y disfrute de una tarjeta de estas características, es que si yo te hago un descuento, tú me das algo a cambio...., porque el que regalaba se murió hace ya muchos años,...¿no es así?.