El magistrado José Castro ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado por si los hechos por los que están imputadas ocho personas fueran constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la Administración, tráfico de influencias y falsedad documental en relación con la contratación de la emisora insular, en el marco del llamado caso Maquillaje.
El auto, que se puede recurrir, recoge que según la Fiscalía procede acusar de estos presuntos delitos a Munar, el exvicepresidente Miquel Nadal, los exconsellers Miquel Àngel Flaquer y Bartomeu Vicens, los ex altos cargos Miquel Àngel Grimalt y Antoni Moragues y los administradores de la empresa adjudicataria, Alfredo Conde y Elizabeth Diéguez.
Estima que Diéguez y Conde, que mantenían una estrecha relación con Bartomeu Vicens, crearon la sociedad Studio Media Comunicació (SMC) para obtener un contrato del Consell de Mallorca para prestar el servicio de radiodifusión, del que tenían conocimiento privilegiado y anterior a que la contratación fuera pública.
Comenzaron los preparativos para obtenerlo en agosto de 2000, antes de que se iniciara el procedimiento administrativo y el juez considera que la contratación pudo ser irregular porque la sociedad a la que se adjudicó no cumplía los requisitos legales exigibles para contratar con la Administración.
Se obviaron requisitos legales como la publicación del concurso en diarios europeos (por superar los 400.000 euros de contratación), que la sociedad adjudicataria tuviera una clasificación empresarial imprescindible de la que carecía, que estuviera al corriente de sus obligaciones tributarias y que tuviera solvencia económica, técnica y material, y poseyera una frecuencia legal para emitir en la isla.
Según el auto, pese a todo ello, a SMC le fue adjudicado el contrato de emisión de radio en 2000, de nuevo en 2001 y se prorrogó anualmente hasta 2005. En total se le concedieron importes superiores a 3 millones de euros por parte del Consell de Mallorca mediante contratos irregulares.
El magistrado estima además que la empresa destinó parte del dinero público percibido al patrimonio personal de varios particulares y lo ocultó mediante facturas falsas.
El juez estima que la entonces presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, como órgano contratante y firmante del procedimiento era responsable de que no se produjeran dichas irregularidades administrativas que toleró y que supusieron una adjudicación y contratación que favorecía a personas próximas a su partido.
Según recoge el auto, los entonces conseller de Hacienda y Presupuestos del Consell, Miquel Àngel Flaquer; coordinador del área de Servicios, Miquel Àngel Grimalt, y secretario técnico de Vicepresidencia, Antoni Moragues, hicieron posible que se llevaran a cabo incumplimientos legales a beneficio de SMC.
Por una pieza ya juzgada del caso Maquillaje, Munar cumple una condena de cinco años y seis meses de cárcel que fue ratificada por el Tribunal Supremo y Nadal otra de dos años y siete meses. También fue condenado Alfredo Conde a dos años, siete meses y quince días.
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