El Parlament valida el Decreto de movilidad de funcionarios

Según el Govern, este decreto permite cubrir, sin aumentar el gasto, los departamentos con falta de personal de manera temporal y, aunque prioriza la movilidad voluntaria, establece incentivos para el personal que de manera forzosa tenga que participar en las comisiones de servicios, pero no supone "eliminar los bolsines de interinos".

Desde los grupos de la oposición, han criticado tanto "el fondo y la forma" de la normativa ya que "no está justificado" que se tramite mediante un Decreto Ley porque "no hay urgencia" y, según han censurado, tanto PSIB como MÉS, se hace de esta manera para evitar el debate parlamentario y la posibilidad de realizar enmiendas.

En este sentido, la diputada socialista Pilar Costa ha señalado que con esta normativa se vuelve a "la dedocracia" y "provocará el "nombramiento con abusos de autoridad". De esta manera, el diputado de MÉS Nel Martí ha aseverado que este decreto sigue con la "función purificadora" que destierra al catalán de la Administración.

Por su parte, el diputado 'popular' Fernando Rubio ha explicado que ésta es una "propuesta oportuna" y responde a la responsabilidad del PP de trabajar "con eficiencia" y ha dicho que no comparte las críticas de la oposición de que el Decreto no es urgente ya que "incide de manera directa en la situación económica".

Cabe destacar que tras terminar la votación sobre la validación de la norma o su derogación, el grupo parlamentario MÉS ha pedido una votación para ver si este Decreto se tramitaba como Ley. Esta petición ha sido rechazada por 32 votos en contra del PP y 25 a favor de los econacionalistas y del PSIB.

"HEMOS PASADO DEL HÁGASE DE MATAS AL DECRÉTESE DE BAUZÁ"

Dentro del debate parlamentario, Costa ha aseverado que la "forma" de esta normativa es "anticonstitucional" y ha señalado, en relación a que el Ejecutivo autonómico ha tramitado, en dos años de legislatura, un total de 32 Decretos Ley, que se ha pasado del "hágase del señor Matas" al "decrétese" del presidente del Govern, José Ramón Bauzá.

Así, ha señalado que esta norma "no requiere este rango" pero se ha hecho siguiendo este procedimiento, a parte de para obviar el debate parlamentario, para que los sindicatos no puedan impugnarla. "Estamos ante el Govern menos democrático que ha tenido la Comunidad Autónoma", ha añadido a este respecto.

Martí, que también se ha expresado en términos similares a Costa, ha dicho que "se acumulan demasiadas mentiras, engaños, traiciones y partidocracia administrativa" y ha reprochado que de 800 plazas, sólo en 100 se mantiene el requisito de conocer el catalán, lo que implica, según ha lamentado, que "un educador infantil, un médico o un psicólogo puedan ser incompetentes en lengua catalana".

Además, ha detallado que dentro de las plazas que no tienen el requisito del catalán hay "un jefe del Servicio de Atención a la Ciudadanía o una telefonista de la Conselleria de Salud", motivo por el cual, el econacionalista ha insinuado que estas plazas puedan "tener ya un nombre propio".