El fiscal anticorrupción Pedro Horrach se ha opuesto a la petición de sobreseimiento de la causa del caso Over Marketing para el presidente del Parlament balear, Pere Rotger, e insta al mantenimiento de su condición de imputado.
La postura del ministerio público se produce en respuesta al escrito presentado por la defensa de Rotger, que ejerce el penalista Gaspar Oliver, después de que el presidente del Parlament prestara declaración como imputado en relación al contrato suscrito por el Ayuntamiento de Inca con la agencia de publicidad Over Marketing.
Ahora será el juez José Castro quien, una vez analizada petición de la defensa de Rotger y los escritos de las partes personadas, acuerde si mantiene o no la imputación sobre el presidente del Parlament.
Cabe recordar que la abogacía de la Comunitat Autònoma, que está personada como acusación particular, se ha adherido a la petición de la defensa de Rotger, hecho que ha causado duras críticas por parte de los portavoces parlamentarios del PSIB, Francina Armengol, y Biel Barceló, del PSM-IVerds Entesa Més xMenorca. En este sentido, la oposición ha acusado al Govern de utilizar recursos públicos, los servicios de la abogacía de la Comunidad, para defender a altos cargos del PP y no los intereses de la ciudadanía.
La presunta participación de Pere Rotger en el caso Over Marketing (en el que se investiga si se pagó la campaña electoral del PP de 2003 a través de concursos públicos adjudicados a Over durante el mandato de Jaume Matas de 2003-2007 y también con dinero negro) está relacionada con su etapa de alcalde de Inca, durante la cual se pagaron 20.300 euros a Over por la realización de una encuesta sobre la calidad de vida entre la ciudadanía de Inca. Los investigadores creen que se favoreció a Over, al simular la participación de otras dos empresas en el proceso. Además, los investigadores creen que dicho contrato camufló un curso de portavocía para el hoy alcalde Rafel Torres que se pagó con fondos municipales.
Papel de Juaneda
En esta presunta relación de Pere Rotger con Over juega un destacado papel el exdirector insular de la administración del Estado en Menorca Antoni Juaneda, ya que él fue la persona que ofreció a Rotger los servicios de Over para el Ayuntamiento de Inca. Juaneda trabajó para Over cuando el PP perdió el Govern en 2007.
Inicialmente Over, a través de Juaneda, había ofrecido al Ayuntamiento de Inca un plan de comunicación integral de 2008 a 2011, pero éste fue rechazado por parte por parte del Consistorio. Posteriormente se llevó a cabo la encuesta de calidad de vida.
En su declaración ante el juez, Rotger admitió únicamente el contacto con Over y atribuyó al hoy alcalde, Rafel Torres, y a su jefe de prensa toda la responsabilidad en la tramitación del expediente. Aseguró que, en todo caso, se habrían podido producir errores administrativos pero nada más, defendiendo que se pagó un precio de mercado por el trabajo. Declaró que fue a sugerencia de su jefe de prensa que aceptó que se realizara la encuesta y añadió que le recomendó que se compararan precios, desentendiéndose después del proceso y del pago. Asimismo, en cuanto al supuesto curso de portavocía para Torres, Rotger negó que lo encargara y se desvinculó totalmente del tema, negando cualquier conocimiento de que se incluyera en la factura de la encuesta.
La defensa de Rotger recuerda en el escrito por el que solicita el sobreseimiento del caso para el presidente del Parlament que el propio juez, al aceptar dejar sin efecto la imputación de Rafel Torres, dijo que abrigaba dudas de que los hechos pudieran ser constitutivos de delito, hecho que entiende beneficia también a Rotger. Para la defensa de Rotger no hay indicios de delito en la contratación del Ayuntamiento de Inca con Over.
Ahora será el juez el que decida si mantiene la imputación sobre el presidente del Parlament o la levanta como hizo con Rafel Torres aunque en ese caso el fiscal había pedido también el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra el alcalde de Inca.
La imputación de Rotger agitó aún más las diferencias en el PP a cuenta del código ético. En el PP, dado el precedente de Rafel Torres, se insistió desde el principio en que había que esperar. Posteriormente, en una reunión del partido, se "resolvió" que el código "se cumple" por cuanto la imputación por sí sola, sin medidas cautelares, no obliga a la dimisión.
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