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El Consell de Govern, a propuesta de la Conselleria de Presidencia, ha autorizado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma para que se persone ante el pleno del Tribunal Constitucional en el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta senadores socialistas contra varios apartados de la Ley de Función Pública de Balears.

Así lo ha señalado el portavoz del Ejecutivo balear, Rafael Bosch, quien ha concretado que el recurso ha sido interpuesto contra los apartados 1,3,5,6,7,8 y 9 del artículo único, la disposición derogatoria única y las disposiciones finales primera (apartados 1,2,4,5 y 7), segunda y tercera de la Ley 9/2012, por la que se modifica la 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública.

De este modo, la Abogacía se encargará de representar y defender a la Comunidad Autónoma durante la tramitación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Parlamentario Socialista del Senado contra la reforma de esta normativa, aprobada por el Parlament y mediante la cual el catalán pasa de ser un requisito a ser un mérito en el acceso a la administración balear.

Cabe recordar que el TC remitió un escrito a las partes en el que se acordaba trasladar el expediente al Ejecutivo de José Ramón Bauzá y al Parlament, así como también al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno Central, para que pudieran personarse en el procedimiento y presentar alegaciones en el plazo de quince días.

En la reunión del Pleno del Constitucional celebrada el pasado 13 de noviembre los magistrados acordaron aceptar el recurso de inconstitucionalidad presentado por cincuenta senadores del PSOE.