El exdelegado del Gobierno y secretario general del PP de Palma, José María Rodríguez, se desvinculó ayer ante el juez José Castro del manejo de dinero durante la campaña electoral del PP de 2003 y atribuyó toda la responsabilidad a los gerentes del partido, Antonio López y Fernando Areal.
Rodríguez declaró durante casi cuatro horas ante el juez Castro, por su presunta implicación en el caso Over Marketing, y tras su comparecencia, el fiscal solicitó que se prohibiera a Rodríguez tener contacto con otros imputados o testigos del caso, después de trascender que había intentado hablar con una testigo sobre el caso antes de que ésta declarara ayer.
Rodríguez, imputado en el caso Over (en el que se investiga el supuesto desvío de fondos públicos, pagando a la agencia su trabajo en la campaña del PP mediante la concesión de concursos públicos, durante el mandato de Jaume Matas), negó haber realizado cualquier pago relacionado con la campaña electoral, tal y como afirma el propietario de Over, Daniel Mercado. Mercado ha declarado que recibió dinero en negro de Rodríguez como parte del pago de su trabajo en la campaña electoral.
En declaraciones a los medios tras concluir su declaración -y sin que hubiera trascendido aún la petición del fiscal-, Rodríguez reafirmó que no había pagado nada y añadió que Mercado, "mentía totalmente" al decir que él le había pagado. "Jamás he pagado nada a Mercado, ni en negro ni en blanco ni en ningún otro color", destacó José María Rodríguez. "Yo en el PP nunca he pagado nada, esa no era mi función", afirmó.
"La bola de Rupert"
Al ser preguntado por los periodistas sobre si le constaba que alguno de los gerentes pudo hacer esos pagos en negro, Rodríguez sorprendió respondiendo "yo no tengo la bola de Rupert, será el juez quien determine si eso pasó o no". Así intentó desvincularse de un eventual pago irregular pasando la responsabilidad a otros, eso sí, Rodríguez confundió al peluquero que necesitaban los famosos con su pitoniso Rapel.
Ese no fue el único punto de humor de Rodríguez ante los periodistas, ya que se rió a carcajadas cuando, ante insistentes preguntas sobre los gerentes, llegó a decir "claro que eran del PP, ¡no vamos a nombrar a un gerente del PSOE!".
También en clave de humor se refirió a su situación procesal de imputado, asegurando que "soñaba" con que se levantara la imputación en su contra, aunque a veces "somiam truites", dijo. Dejó claro también que piensa seguir adelante con su candidatura para renovar su cargo de secretario general del PP de Palma.
Sin embargo, según han comentado fuentes jurídicas, en la sala de interrogatorios, y a las preguntas del juez Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, Rodríguez no estuvo tan risueño. Especialmente cuando se le hizo escuchar la declaración de la exdirectora de Función Pública, que afirmó ayer ante el juez que era Rodríguez quien marcaba los precios de los concursos que se adjudicaron y que ella en ningún momento negoció ni acordó nada con Over Marketing.
Rodríguez negó ante el juez lo que decía la exdirectora. Y eso no fue todo. Además, la comparecencia de la exdirectora general le ha traído un problema más a Rodríguez ya que, tras el testimonio de la exalto cargo, la Fiscalía decidió ayer solicitar que se impida a José María Rodríguez mantener contacto con otros imputados o testigos relacionados con el caso Over. La decisión vendría motivada por un supuesto contacto que, según la testigo, Rodríguez habría intentado mantener con ella en relación a su declaración judicial. Un contacto que incomodó a la testigo.
Interior pagó 20.880 euros
En cuanto a los dos contratos suscritos con Over por la Conselleria que él dirigía, Rodríguez dijo que tras su comparecencia ante el juez estaba "reforzado" en el sentido de que, según él, había demostrado que "las facturas están ajustadas al trabajo que se realizó". Se trata de dos campañas, una sobre la imagen de la policía turística y otra sobre el acceso a la función pública. La Conselleria pagó 9.048 euros en 2004 por la creatividad de la imagen de la policía turística y 11.832 euros por la de acceso a la función pública.
Los investigadores sospechan que estos pagos son un fraccionamiento ilegal de un contrato que realmente sólo correspondía al segundo de los trabajos y creen además que el importe está hinchado de manera injustificada para compensar trabajos que Over hizo para el PP en la campaña electoral de 2003.
Rodríguez admitió que efectivamente le había indicado a la directora general que contratara a Over "pero eso no es ningún delito", insistiendo en que del centenar de facturas que pagó la Conselleria en campañas "sólo dos eran de Over".
Finalmente, Rodríguez también intentó desvincularse de un supuesto pago pendiente de 80.000 euros que figuraba en unas anotaciones encontradas por los investigadores en documentos de Over. En el documento, bajo el epígrafe "reclamar pagos pendientes" se lee "José Ma Rodríguez 80.000" y "Baleares 80.000". "Ni me lo han reclamado ni yo lo he visto", dijo Rodríguez en declaraciones a los medios de comunicación.
Para hoy domingo están previstas las declaraciones, como imputados, del expresidente del Govern, Jaume Matas, y del presidente del Parlament de Balears, Joan Rotger, así como la del exgerente del PP Fernando Areal.
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