La Fiscalía Anticorrupción ha apuntado a las "significativas mentiras e incertezas" en las que ha incurrido la expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament Maria Antònia Munar durante el juicio que se celebra por el presunto desvío de 240.000 euros a la productora que presuntamente controlaba, y en este contexto ha insistido en el "artificio" que habría sido urdido con el objetivo de "traicionar la custodia del dinero público".
Así lo ha manifestado el fiscal Juan Carrau durante la exposición de su informe en el marco de una vista oral que llega a su recta final, y en la que, en un detallado alegato, el representante del Ministerio Público ha aseverado que Munar "se ha equivocado" al ampararse, entre otros, en tres argumentos: que en UM no había dinero negro, que no entregó 300.000 euros de estos fondos a su antiguo 'delfín' político, Miquel Nadal, para adquirir la productora Vídeo U, y que el fundador de esta empresa, Miquel Oliver, era de ideología socialista y no de UM.
"Y son precisamente estos los elementos indiciarios que corroboran su participación en los hechos", ha espetado el fiscal, quien ha incidido en la "inconsistencia" del relato ofrecido por la histórica dirigente de la extinta formación nacionalista así como en la "fuerza probatoria" tanto de los anteriores indicios como de las declaraciones de cinco de los acusados que en este juicio se sientan en el banquillo.
Tal y como ha relatado el fiscal, que solicita seis años de prisión y diez de inhabilitación para la expresidenta 'uemita', tanto Munar como Nadal se hicieron con el 50 por ciento de la empresa audiovisual con el objetivo de optar más adelante con un canal de TDT e impulsar una televisión "favorable a UM". "Está corroborado no mínimamente sino que los indicios revelan que esto sucedió así", ha espetado Carrau, que firma su escrito de conclusiones definitivas junto al fiscal Miguel Ángel Subirán.
"Si esto fuera una puñalada a traición de Nadal, ¿qué sentido tendría que éste fuese el día anterior de confesar a casa de Munar para decirle que iba a contar la verdad?", se ha preguntado el fiscal, quien ha achacado esta actuación a que se trataba de un asunto "que también le afectaba a ella". Es más, ha manifestado que la forma como la expresidenta ha negado los hechos y la documentación que ésta ha aportado "son inconsistentes".
Y es que, a juicio de Carrau, el hecho de que los dos exchóferes de Munar, quienes declararon a propuesta de la defensa después de que Nadal asegurase que la 'uemita' le dio los 300.000 euros en el coche oficial, afirmasen que el día que apuntó el exvicepresidente "no estaban de servicio", no tiene por qué constar en las hojas de horarios que aportaron con sus salidas. "Si estos conductores la llevaban en coche oficial incluso a la peluquería, ¿por qué no pudieron haber realizado aquel trayecto?", ha incidido.
Ya en referencia a las dos subvenciones que, por un valor de 120.000 euros cada una, le fueron otorgadas por el Consell a Vídeo U por la realización de un espacio deportivo de radio, el fiscal ha aseverado que el objeto de las aportaciones "nunca se llevó a cabo" y, por si fuera poco, se emitieron facturas falsas para justificar que los trabajos se llevaron a cabo a sabiendas de que "no hubo ningún programa 'Temps d'Esport' amparado por estas subvenciones.
En esta misma línea, Carrau ha aseverado que a partir de 2004 Vídeo U comenzó a recibir aportaciones del Consell que llegaron a alcanzar en esa legislatura los 2,4 millones de euros, e incluso ha manifestado que cuando en 2008 Munar ya no era presidenta de la Institución insular y estaba al frente del Parlament, la productora que supuestamente controlaba mediante su testaferro Víctor García comenzó a beneficiarse de contrataciones con la Cámara autonómica.
Recordando que el propio García afirmó "haber sido testaferro de cualquier otra persona, pero no de Munar", el fiscal se ha preguntado que si en realidad hubiera figurado en Vídeo U en nombre del exvicepresidente insular, "¿por qué no vendió su parte de acciones cuando Nadal quiso venderlas? ¿En base a qué era su testaferro si no tenía confianza con él, mientras que sí la tenía con Munar?".
CARRAU: "DEMOCRACIA Y JUSTICIA ES UN APÉNDICE DE MUNAR"
Por otro lado, antes de que Carrau expusiera su informe, el tribunal ha acordado por el momento -de hacerlo, lo decidiría en sentencia- no expulsar de la causa a la asociación Democracia y Justicia, en contra de lo que habían solicitado algunas de las defensas y petición a la que se había adherido el fiscal, quien ha alegado el "fraude" cometido por esta entidad al personarse en esta pieza separada del caso Maquillaje, puesto que "ha quedado demostrado que es un apéndice de una de las acusadas", en alusión a Munar.
Es más, ha defendido que su presidente, Joan Miquel Perpinyà, "ha escrito libros a su favor" y en concreto uno en el que defiende su gestión al frente de la venta del solar de Can Domenge -a pesar de que en él está también acusada Munar y la Fiscalía solicita para ella otros seis años de cárcel-. "Se trata de una persona acusada que se ha disfrazado de acusación popular para ejercer la acción penal contra los demás imputados", ha sostenido.
Así las cosas, Carrau ha apuntado a una vulneración de la tutela judicial efectiva y a un abuso del derecho que "debe ser sancionado". De hecho, el letrado del fundador de Vídeo U, José Ignacio Herrero, ha recriminado "un flagrante abuso del derecho y un fraude de Ley" por parte de la acusación popular así como a la vulneración "del derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías", por lo que ha reclamado la imposición de una sanción de 6.000 euros.
Otro de los abogados, Carlos Portalo, quien asiste a la exadministradora de Vídeo U Luisa Almiñana, ha lamentado que se haya producido una situación de "evidente indefensión" con la supresión de determinados hechos en el escrito de calificación de la asociación y con la "alteración" de los mismos.
LA ACUSACIÓN POPULAR PIDE LA ABSOLUCIÓN DE MUNAR Y SOTOMAYOR
En concreto, Democracia y Justicia reclama la absolución de Munar y de la exdirectora insular de Comunicación Margarita Sotomayor, mientras que, entre otras penas, pide tres años de cárcel para Nadal y dos años y siete meses para Oliver, Almiñana y el exadministrador de la productora Cristóbal Rullan, a quienes precisamente la Fiscalía les reconoce las atenuantes de confesión y reparación del daño producido.
Sin embargo, ante esto el letrado que representa a la asociación ha alegado que su personación no ha supuesto "fraude procesal alguno" y ha aseverado que "otra cosa es que no les guste a las defensas que haya otra acusación que rompa la exclusividad de la Fiscalía". "Se nos critica nuestra actuación sorpresiva, cuando en octubre de 2010 ya pedimos nuestra personación y hemos presentado hasta quince escritos al respecto, sin que, en el momento en que se nos admitió, nadie haya recurrido", ha puesto de manifiesto.
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