El expresidente del Govern Jaume Matas ha solicitado mediante un escrito la suspensión de la subasta, prevista para este miércoles, de su conocido palacete y de otras dos fincas con las que garantizó el préstamo de tres millones que le concedió el Banco de Valencia, una petición sobre la que el Juzgado prevé pronunciarse justo antes de las 10.30, hora fijada para el remate. Así las cosas, la puja de los tres inmuebles se mantiene en pie en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria que se tramita a instancias de la entidad bancaria.
En concreto, no sólo prevé salir a subasta la céntrica vivienda que posee en el caso antiguo de Palma, de 475,4 metros cuadrados y tasada en 1.650.000 euros, sino que los postores también podrán tantear por la vivienda de la que el exministro dispone en La Rambla, de 152 metros cuadrados y valorada 450.000 euros, y la ubicada en la calle Sant Miquel, de 900.000 euros y 73 metros. En cualquier caso, no habrá precio de salida para poder pujar por las tres fincas.
Con todas ellas, Matas garantizó el préstamo de 3.041.364 millones que le concedió el Banco de Valencia para hacer frente a la fianza penal de tres millones que el juez del caso Palma Arena, José Castro, le impuso y cuyo pago le permitió eludir su ingreso en prisión.
De acuerdo al edicto de la subasta, cualquier licitador que desee pujar por cualquiera de las tres fincas deberá consignar previamente un 20 por ciento del valor de cada uno de ellos (330.000 euros en el caso del palacete) en la cuenta que el Juzgado ha puesto a disposición de los interesados, a fin de garantizar su solvencia. Por el momento ningún postor ha depositado ningún aval por ninguna de las tres viviendas, un ingreso puede realizarse hasta minutos antes de que arranque la subasta.
Hasta el momento, la entidad bancaria ha recuperado 2,5 millones del crédito, si bien el exjefe del Ejecutivo balear continúa debiendo 500.000 euros más, a los que se suman un total de 912.409 euros en concepto de intereses de demora y gastos de ejecución.
Es por ello que, de forma paralela, Matas ha pedido ante el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid entrar en concurso de acreedores para personas físicas, declarándose insolvente ante la inminente celebración de la subasta.
El expresidente ha decidido así acogerse a la Ley Concursal ante la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones de pago, y más en concreto a la que entró en vigor el 1 de septiembre de 2004, que abre a las personas físicas la posibilidad de declararse en insolvencia, negociar con los acreedores y detener la ejecución de sus bienes, incluidas las hipotecarias, como es el caso.
De esta forma, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press, tras instar el concurso, Matas deberá justificar su endeudamiento y, de aceptarlo, el juez deberá dictar auto de declaración del concurso y nombrar a un administrador concursal que deberá presentar un informe con el análisis económicol del deudor (inventario de bienes, listado de acreedores y propuestas de convenio, entre otros aspectos). Tras ello se prevé la fase de convenio o de liquidación.
De esta forma, la pretensión de Matas pasa por que sea paralizado el proceso de ejecución hipotecaria que pesa sobre él0 y racionalizar así el pago de las deudas que tiene pendientes.
UN PROCEDIMIENTO DIRIGIDO TAMBIÉN CONTRA LA MUJER Y LA MADRE DE MATAS
Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, encargado de la instrucción del caso Palma Arena, ha transferido esta mañana al Banco de Valencia dos millones de euros que integraban la fianza de 2,5 millones que pesaba sobre el expresidente y que fue recientemente anulada al considerar que ya no persisten las condiciones por las que fue decretada.
Fue en mayo del pasado año cuando la entidad acreedora interpuso una demanda de ejecución hipotecaria por la que reclamaba al exjefe del Ejecutivo autonómico la devolución del préstamo más los intereses del crédito generados desde entonces pero, al no ser devuelta la cantidad, el banco solicitó al Juzgado que los tres inmuebles salieran a subasta pública. Se trata de un procedimiento que también va dirigido contra su mujer, Maite Areal, por ser copropietaria del palacete, así como contra la madre del expresidente, cotitular en su caso del inmueble de Sant Miquel.
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