La Sindicatura de Cuentas revela que el IB-Salut siempre contrata con la misma clínica privada algunos procedimientos

Así, lo revela el Informe 68/2012 sobre el gasto de asistencia sanitaria con medios ajenos del Servicio de Salud de Baleares, que ha analizado los procedimientos contractuales en vigor en 2009, algunos de los cuales fueron prorrogados por el Govern de Francesc Antich, después de que fueran iniciados por el Ejecutivo de Jaume Matas.

Concretamente, la Sindicatura de Cuentas pone de manifiesto que el Ib-Salut "no ha derivado actividad asistencial a todos los contratistas", al tiempo que revela que en lo que se refiere a las derivaciones que no se gestionan de forma informatizada a través del sistema de agendas, "el sistema no es homogéneo ni estandarizado para todos los centros peticionarios".

En esta línea, señala que "no queda constancia de la persona que autoriza la derivación" de un paciente de la sanidad pública a un centro privado, ni si esta persona tiene la "competencia adecuada" para autorizarla. Además, añade que "no consta ningún documento que justifique la objetividad en la selección de los centros concertados donde se derivan los pacientes".

Al mismo tiempo, la Sindicatura de Cuentas constata que por lo que se refiere a los pacientes que son derivados informáticamente, "el sistema no siempre incluye todas las agendas, ni todos los centros donde es posible derivar a los pacientes, lo que hace que el sistema no sea del todo transparente por lo que se refiere a la contratación de servicios".

El Informe refleja que entre 2005 y 2010, el Ib-Salut destinó un total de 409,8 millones de euros para derivar a centros privados a los pacientes de la sanidad pública que necesitaran servicios asistenciales y que no podían ser atendidos en los hospitales públicos de las islas.

Asimismo, revela que a 31 de diciembre de 2010, el Ib-Salut mantenía una deuda con los centros privados de 9,6 millones de euros de facturas pendientes de ser reconocidas presupuestariamente y correspondientes a servicios concertados.

En el estudio se pone de manifiesto que en la prestación de servicios de diálisis peritoneal que lleva a cabo cada una de las gerencias de Son Dureta, de Menorca y de Ibiza y Formentera, "además de que no se han realizado los procedimientos negociados correspondientes, no existe ninguna evidencia objetiva del motivo por el cual en cada una de ellas se han derivado servicios a uno o dos de los tres adjudicatarios de los contratos marco y no a los otros".

Por otra parte, agrega que el proceso de derivación de pacientes a los centros concertados presenta "ciertas limitaciones" que pueden afectar al "principio de eficiencia" en el uso de los recursos públicos.

De este modo, critica que el sistema no facilita que los pacientes que no puedan ser atendidos en el plazo por el centro peticionario sean derivados a otro centro público, sino que lo son a un centro privado con el "consiguiente incremento del gasto".

"Tampoco está previsto que los centros públicos puedan o quieran aceptar listas de espera, provenientes de otros centros públicos al considerar que ello castigaría sus propias listas de espera", censura.

Además, la Sindicatura de Cuentas indica que el sistema de agendas asigna la primera cita disponible "sin distinguir entre centro propio o privado, teniendo en cuenta que el sistema sólo está conectado al Hospital Cruz Roja Española y al Hospital Sant Joan de Déu, sin tener en cuenta que puedan existir citas posteriores disponibles, que no incumplan el plazo fijado por el Decreto de Garantías, dentro de un centro público".

Sin principios de publicidad ni concurrencia

Por otra parte, el informe desvela que en diversos casos de prestación de servicios asistenciales por parte de clínicas privadas, se ha llevado a cabo "sin la existencia de un contrato adjudicado de acuerdo con los principios de publicidad y concurrencia".

Al mismo tiempo, denuncia que "de manera generalizada, no se justifican las cifras presupuestadas de las prórrogas ni de los modificados, ni la improcedencia de realizar una nueva licitación".

"En algunos casos se hacen modificados que incluyen nuevos servicios y que no suponen ningún incremento del importe del contrato, lo cual no se justifica", ha señalado, a la vez que ha revelado que en los contratos marco 90/06, que se llevó a cabo durante el 2009, hay un incremento de gasto de 1,5 millones de euros sin haberse llevado a cabo el correspondiente expediente de modificación de los contratos y sólo se consideró como un incremento del gasto que se había asignado".

Por otro lado, pone de relieve que en la mayoría de los contratos fiscalizados, una parte del gasto imputado al ejercicio 2010 "corresponde a ejercicios anteriores".

La Sindicatura también constata que en el caso de los contratos negociados sin publicidad con el Hospital Sant Joan de Déu y Hospital Cruz Roja Española, así como con el contrato de resonancias magnéticas nucleares con Ibiclínic, S.L., "no queda suficientemente justificado que estos sean los únicos centros privados que puedan llevar a cabo las prestaciones requeridas por el Ib-Salut".

"No hay nada ilegal"

Fuentes de la Sindicatura de Cuentas han informado a Europa Press de que "no hay nada ilegal", sino que únicamente se trata de "errores o irregularidades administrativas" por parte del Ib-Salut, si bien han descartado que se haya podido cometer en estas actuaciones algún tipo de delito tipificado en el Código Penal, ya que, en tal caso, según han subrayado, hubiesen enviado toda la información al Ministerio Fiscal para que procediera a investigar.

No obstante, han incidido en que lo más importante de este informe es que refleja una falta de "transparencia" en cuanto a la derivación de pacientes a los centros concertados, siendo el principal problema que "no se llega a saber quién es el responsable de la derivación y si éste es un médico, un administrativo o los responsables técnicos del hospital correspondiente".