La Fiscalía rebaja a tres años su petición de cárcel para Vicens

En su escrito de acusación definitivo, el fiscal Juan Carrau ha introducido la atenuante de reparación del daño tras haber sido devuelta la cantidad presuntamente defraudada, mientras que también ha rebajado su solicitud de pena para Conde, Diéguez y el exdirector insular de Patrimonio, Joan Josep Mas, a un año y medio de prisión. La acusación particular, ejercida por el Consell de Mallorca, se ha adherido por su parte a las calificaciones de la Fiscalía.

Durante la fase de exposición de los informes finales en el marco del juicio por una pieza separada del caso Maquillaje, que ha quedado visto para sentencia, el fiscal, que de forma sustancial mantiene el relato de los hechos por los que los cuatro acusados se han sentado en el banquillo, ha manifestado que Vicens, como "máxima autoridad" en materia de contratación, debía también "custodiar y velar por los caudales públicos", algo que no habría sucedido en al menos dos ocasiones -ésta y por la que anteriormente ya fue condenado a tres años de prisión-.

Carrau, quien ha defendido no aplicar la atenuante de confesión basándose en numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha aseverado que los 11.930 euros fueron en realidad un "regalo para su propio beneficio personal" puesto que iban destinados "a la persona que llevaba la administración de Metalumba", en referencia a Diéguez, que estaba al frente de la tapadera de la que presuntamente se sirvió Vicens para cobrar unos 700.000 euros procedentes del 15 por ciento de comisiones que supuestamente percibió a raíz de la recalificación del polígono Son Oms.

Precisamente, respecto a Diéguez, que poseía un 10 por ciento de las participaciones de Studio Media, ha aseverado que su función al frente de la productora "iba más allá" puesto que "también administraba la empresa, estaba autorizada en las cuentas y realizaba gestiones que no se limitaban a meras firmas". Además, ha recordado que en 2006 la inculpaba percibió 14.000 euros de esta mercantil y, puesto que es funcionaria de la Seguridad Social, la ha acusado de "espinaje" por no ser ajena a la información relativa a Studio Media.

Compra de un chalet

Es más, ha manifestado cómo el matrimonio formado por Conde y Diéguez adquirió un chalet en la urbanización de Puig de Ros, en Llucmajor, a cuya compraventa destinaron unos 20.000 euros que pasaron, el mismo día, desde la cuenta de Studio Media a la particular de Conde, y al día siguiente a la adquisición del inmueble, todo ello mediante reintegros en efectivo.

"La finalidad última era recompensarla a ella", ha espetado Carrau, quien, en el caso de Conde, ha tildado sus declaraciones de "parciales" puesto que su objetivo ha sido "oscurecer y torpedear el esclarecimiento de los hechos". Finalmente, se ha referido a la actuación de Mas, que realizó un informe de necesidad de la contratación de la productora y quien para el fiscal fue "cómplice en los hechos al posibilitar" la tramitación del expediente.

En el turno de las defensas, el letrado Eduardo Valdivia ha recriminado que se "demonice la figura de Vicens" y ha aseverado que éste "merece un reconocimiento por haber actuado con hombría y coraje asumiendo los hechos", después de que el exconseller de UM confesase en su declaración que ordenó contratar a Studio Media como "agradecimiento" a sus presuntos testaferros.

El abogado ha apelado asimismo a la necesidad de que se tenga en cuenta la continuidad delictiva para Vicens -ya fue condenado por los mismos delitos, prevaricación y malversación, por pagar con 12.000 euros públicos a su contable particular-, al tiempo que ha tildado de "despropósito grosero e indiscutible" las penas que acumularía "por un total de 24.000 euros". "Cuando lleguen a la Audiencia defraudaciones millonarias, ¿qué se les va a pedir a los acusados? Nos vamos a salir del Código Penal", ha espetado.

Mientras tanto, en el caso de Conde ha lamentado que no se le aplique la atenuante de confesión a pesar de que en un juicio celebrado en la Audiencia Provincial a principios de 2006, el propio Carrau postuló para Francisca Cortés 'La Paca' -matriarca del poblado de Son Banya- esta misma atenuante como "muy cualificada". Así, el abogado se ha preguntado "qué peor condición tiene Conde respecto a 'La Paca'" y ha recriminado que "en su inopia el fiscal no lo entienda".

"La buena fe debería presumirse en Vicens"

Por su parte, el abogado Jaime Campaner ha solicitado la libre absolución para Mas y Diéguez, puesto que, en el caso del primero, su actuación fue "meramente neutra en la confianza de que Vicens se iba a comportar de forma responsable". "La buena fe debía entonces presumirse, aunque no en la actualidad con todos los casos que ha destapado la Fiscalía", ha llegado a afirmar el letrado, quien ha apuntado al "más absoluto y desértico vacío probatorio" para su patrocinado.

Respecto a Diéguez, ha aseverado que tampoco contra ella hay prueba de cargo suficiente, y se ha preguntado por qué la Fiscalía presume que ella aceptó el contrato "cuando su participación en la sociedad era simbólica". "¿Y por qué Vicens iba a saber que Diéguez tenía un 10 por ciento de la sociedad?", ha concluido.

De hecho, en el turno de la última palabra, del que únicamente se han valido Conde y Mas, el presunto testaferro de Vicens ha asegurado que "nunca mi mujer ha sabido nada de mis gestiones como empresario" y ha aseverado que "era imposible que Vicens supiera que ella tenía un 10 por ciento de la sociedad, que poseía por si yo tenía un accidente. Lo siento, cariño", se ha disculpado dirigiendo la mirada a su esposa, que le observaba desde el banquillo.