Trabajo detectó 1.500 empleos sumergidos durante 2010

Según la información a la que ha tenido acceso Europa Press de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Balears (ITSS), en el conjunto del país los inspectores del Área detectaron 66.972 empleos sumergidos durante el pasado ejercicio.

Cabe apuntar que estos datos responden tan solo a los empleos sumergidos "detectados", de modo que no se pueden ofrecer datos sobre la economía y empleo sumergido que puede haber en la CCAA, ya que el conseller de Economía, Carles Manera, ha apuntado recientemente que este tipo de actividad oculta en Balears supone entre el 18 y el 20 por ciento del PIB de las islas, un porcentaje ligeramente inferior al de la media estatal.

En Balears hay una plantilla de unos 30 inspectores de Trabajo y subinspectores de Empleo y Seguridad Social, que estarían repartidos ambos cuerpos.

En concreto, el servicio público encargado de vigilar el cumplimiento de las normas de orden social y exigir las responsabilidades correspondientes en caso de infracción o incumplimiento, cerró el pasado ejercicio 2010 con 40.500 actuaciones realizadas en Balears, mientras que el número de infracciones en acta se elevó a 3.088, que supusieron multas por valor de 13,5 millones de euros.

En el área de extranjería, uno de los más conflictivos en los últimos años, la actividad del Ministerio de Trabajo se cerró durante el pasado ejercicio con 198 infracciones en acta, de las que la inmensa mayoría, 196, correspondieron al área de extranjería.

Incremento de las sanciones
Precisamente, el Gobierno central ha iniciado una programa de medidas de control y afloramiento del fraude laboral. Así, el 1 de agosto acabará el plazo dado por la Administración para que las empresas den de alta en la Seguridad Social a los trabajadores que estén en la economía sumergida, bien por no cotizar, porque su cuantía no se corresponde con la jornada laboral real o por estar trabajando y estar recibiendo un subsidio o prestación por desempleo.

El periodo dado a las empresas para regularizar a estos trabajadores, que empezó el pasado 7 de mayo, termina el día 31 de julio, por lo que a partir de agosto las sanciones para las empresas que no tengan dados de alta a un trabajador en la Seguridad Social pasará de los 626 euros a los 3.126 euros, es decir se multiplicará hasta el quinientos por cien, y la sanción máxima pasará de los 6.250 euros a los 10.000 euros.

En el caso de aquellos trabajadores que estén trabajando y al mismo tiempo cobren la prestación por desempleo las multas pasarán a partir de agosto de los 6.251 euros a los 10.000 euros, con la posibilidad de que la empresa infractora pueda ser excluida de los beneficios de los programas de empleo.