La Policía Nacional registra de nuevo la sede de Autoridad Portuaria en Palma

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, que han recordado que ésta es la segunda ocasión en la que se registra la Autoridad Portuaria, en el marco de la Operación Mar Blau, después de que se llevara a cabo un primer registro el pasado 15 de diciembre, que se saldó sin ninguna persona detenida.

Este segundo registro se produce, después de que hace dos semanas,

los agentes policiales interrogaran a nueve personas en calidad de imputadas, entre las que destacan el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y propietario del conglomerado de empresas Trapsayates, Gerardo Díaz Ferrán; el presidente y ex-presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Francesc Triay, y Joan Verger, respectivamente, y el administrador de la sociedad Teinver, que es la sociedad matriz de Trapsayates.

Todos ellos fueron interrogados en torno a la concesión a Trapsayates de la gestión de los amarres del puerto de Maó, adjudicación aprobada en 2008 y en la que se centran las pesquisas por haberse producido un presunto trato de favor hacia este grupo de empresas, perteneciente al grupo Marsans.

La Operación, durante la cual no se produjo ninguna detención, se había dado, en principio, por cerrada a nivel policial, por lo que quedaba en manos exclusivamente del Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, si bien esta mañana los agentes de la Policía Judicial han vuelto a la sede de la Autoridad Portuaria para realizar un nuevo registro, que continúa en estos momentos.

Concretamente, se está indagando si durante el mandato del ex presidente de la APB, Joan Verger, se habrían producido las principales irregularidades investigadas en estas diligencias, que tratan de averiguar la posible comisión de delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, alteración de precios en concursos y subasta pública y estafa, en los que habrían incurrido funcionarios de la APB en el marco de estas adjudicaciones.

Las indagaciones apuntan a que la convocatoria para la concesión de la explotación de los amarres, cuyo pliego de bases y cláusulas fue aprobado por unanimidad por el Consejo de administración de la APB el 30 de septiembre de 2003, pudo ser amañada a tenor, entre otros aspectos, de lo trascendido de una conversación entre Joan Verger y el director de la Autoridad Portuaria de Baleares, Ángel Matías, con el máximo responsable del Club Marítimo de Maó, Luis Barca, al margen del proceso de adjudicación.

Así, la Fiscalía ha enfocado sus investigaciones durante estos últimos meses en las negociaciones que se habrían llevado a cabo independientemente del desarrollo del concurso y de la valoración de los técnicos a las distintas propuestas presentadas. La concesión pasaba por la gestión de los atraques por parte de Trapsa durante 14 años y diez meses, con una inversión de 2,8 millones de euros para 155 amarres de 10 a 30 metros de eslora.